Cuando Abelardo de la Espriella asuma la presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026, recibirá un sector energético con rezagos en electricidad, pérdida de autosuficiencia en gas y caída en los hidrocarburos, un cuadro que su programa vincula con riesgos para la competitividad, el empleo, las finanzas públicas y la inversión social en Colombia.
El atraso más visible está en la infraestructura eléctrica. Para 2026 se espera la entrada de 4.475 megavatios al sistema, pero a junio solo había ingresado el 6,8% de esa meta. La secuencia viene desde 2024. Ese año apenas se cumplió el 25,3% de lo planeado y en 2025 la ejecución cayó al 10,8%, mientras XM, filial del grupo ISA, proyecta un déficit de energía firme de -2,3% para 2026 y de -4,4% para 2027.
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El programa del presidente electo plantea que esa situación exige un cambio de manejo en la política pública. Sostiene que el sector no puede seguir tratado con prejuicios ideológicos ni improvisación.
Para contener el riesgo de desabastecimiento, la propuesta contempla nuevas subastas de cargo por confiabilidad y la modernización de las redes de distribución. El diagnóstico también incorpora el impacto del fenómeno del Niño y los retrasos acumulados en proyectos eléctricos.
El Caribe concentra una de las crisis más urgentes del sistema
La región Caribe aparece como uno de los focos inmediatos del nuevo gobierno. La situación de Afinia y Air-e, intervenida desde septiembre de 2024, es descrita como insostenible.
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La respuesta planteada por De la Espriella apunta a bajar de manera permanente el costo de la tarifa. Para hacerlo, propone corregir los daños en las redes, los robos de energía, las ineficiencias y las normas que, según el programa, “cargan un peso excesivo sobre los usuarios”.
Ese mismo plan busca aprovechar el potencial solar, eólico y territorial del Caribe para atraer inversiones y generar empleo. El objetivo, según el texto al que accedió El Tiempo, es convertir a la región en una plataforma de desarrollo “útil y alejada de las consignas políticas”.
El país ya importa más del 32% del gas que consume
En hidrocarburos, el frente más delicado es el gas natural. La producción nacional cayó a mínimos históricos y en diciembre de 2024 el país perdió la autosuficiencia, de modo que hoy las importaciones para abastecer a hogares e industrias superan el 32% de la demanda total.
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La producción de petróleo también retrocede. Lleva siete meses por debajo de los 750.000 barriles diarios, una baja que el programa asocia con menores ingresos para el Estado porque la extracción de petróleo y gas sostiene las finanzas públicas a través de Ecopetrol.
De la Espriella descartó renunciar de manera anticipada a los hidrocarburos y propone defender a Ecopetrol como un activo clave. Su estrategia es usar el gas como puente en la transición energética y acelerar el desarrollo de descubrimientos recientes.
El programa advierte que dejar agotar las reservas sin buscar nuevas opciones obligaría a importar más gas y otros combustibles costosos. Eso, añade, elevaría las facturas de las familias y de la industria.
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La respuesta que plantea el nuevo gobierno es reactivar la exploración y la producción con la firma de nuevos contratos. También prevé impulsar energía solar, eólica e hídrica con el potencial de regiones como La Guajira.
El esquema propuesto consiste en destinar una parte de los ingresos del petróleo a financiar fuentes limpias y protección ambiental. La transición, conforme a lo expuesto en el plan revelado por medio citado, avanzará con nuevas fuentes sin poner en riesgo la estabilidad del país e incluirá alternativas como gas, biomasa, geotermia, biocombustibles e incluso el estudio de la energía nuclear.
El ‘fracking’ quedaría limitado a pilotos con cinco condiciones
Sobre los yacimientos no convencionales, el programa del presidente electo fija una posición técnica. No plantea una prohibición general ni permisos sin controles, sino proyectos piloto condicionados a cinco líneas rojas.
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La primera es un límite geográfico: prohibición total en páramos, zonas de agua subterránea, áreas protegidas y territorios étnicos. La segunda exige una línea base ambiental con medición independiente del estado del agua, el aire y el riesgo sísmico antes de operar.
La tercera condición es un monitoreo en tiempo real por entidades técnicas con información pública para la ciudadanía. La cuarta establece una cláusula de suspensión inmediata si los controles demuestran un daño ambiental irreversible.
La quinta exige licencia social mediante diálogo e información previa con las comunidades de las zonas de influencia. El programa específica que cualquier desarrollo de fracking quedaría supeditado a ese marco de control.
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