El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó que adoptará un nuevo modelo de atención para las personas privadas de la libertad en Colombia y formalizó el cambio con la Resolución 1099 de 2026, que deroga las resoluciones 5159 de 2015 y 3595 de 2016.
Según informó la entidad mediante un comunicado publicado a través de sus canales digitales, la medida fija un nuevo esquema para la atención en salud de la población privada de la libertad bajo custodia, inspección y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
El documento expedido en Bogotá el 22 de junio de 2026 indica que la actualización busca fortalecer la garantía del derecho a la salud de esta población con una atención integral, continua y de calidad.
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Asimismo, se indicó que el modelo se apoya en la estrategia de Atención Primaria en Salud, la articulación institucional y el refuerzo de la capacidad resolutiva dentro de los establecimientos de reclusión, con el fin de brindar primeros auxilios ante una situación de riesgo.
Entre los cambios anunciados figuran la incorporación de telesalud y de servicios extramurales, además de protocolos ajustados a las condiciones del contexto penitenciario. La resolución también establece un plan de transición para poner en marcha el modelo de forma gradual sin interrumpir la prestación de los servicios.
El nuevo esquema incorpora enfoques diferenciales para atender las necesidades de las personas privadas de la libertad y de los menores de 3 años que conviven con sus madres en centros de reclusión. También define lineamientos sobre aseguramiento en salud, gestión integral del riesgo, procesos de referencia y contrarreferencia, y mecanismos de seguimiento y evaluación.
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Cabe mencionar que la estructura del modelo quedó organizada en seis componentes fundamentales, entre ellos se encuentran:
- La prestación de servicios de salud.
- La Red Integral e Integrada de Prestadores para la Población Privada de la Libertad.
- Las condiciones de calidad.
- El sistema de referencia y contrarreferencia.
- La salud pública.
- El seguimiento permanente de su implementación.
“Como eje transversal, incorpora estrategias para fortalecer la gobernabilidad y gobernanza del talento humano en salud”, puntualizó el comunicado.
La resolución además plantea una oferta diferencial de servicios intramurales mediante la clasificación de los establecimientos de reclusión en cinco categorías de Unidades de Atención Primaria, definidas por capacidad poblacional, perfil de seguridad, condiciones jurídicas y accesibilidad geográfica.
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El Ministerio señaló que esa clasificación busca una asignación más eficiente y equitativa de los recursos asistenciales.
El texto oficial señala que el nuevo modelo responde a mandatos legales vigentes y a órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-494 de 2023 y el Auto 1677 de 2025.
“Con esta medida, el Gobierno nacional busca superar progresivamente problemáticas históricas relacionadas con la fragmentación de la atención, la desarticulación institucional y las barreras de acceso a los servicios de salud, fortaleciendo la capacidad del Estado para garantizar una atención oportuna, continua y de calidad a las personas privadas de la libertad”, puntualizó el documento oficial en el que se confirma una reforma a la atención en salud de los ciudadanos que se encuentran privados de su libertad.
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Entre tanto, el Inpec continúa avanzando en el proceso de resocialización de aquellos que han cometido delitos en las diferentes regiones del territorio nacional, de acuerdo con las publicaciones en sus cuentas oficiales, en las que se muestran los avances en la educación de los privados de la libertad.
Incluso, el 22 de junio se dio a conocer que 31 mujeres privadas de la libertad de la Cárcel Buen Pastor se graduaron de bachilleres, alcanzando un logro que abre nuevas posibilidades para su proyecto de vida.
“Seguimos avanzando con acciones que fortalecen la gestión institucional, la seguridad y la resocialización al servicio del país”, indicó el Inpec.