El juicio en el proceso judicial por el asesinato de Jovenel Moïse, presidente de Haití, volvió a comenzar tras declararse la nulidad de todo lo actuado en el caso anteriormente.
Después de cuatro años del magnicidio, aún no se ha esclarecido la responsabilidad de los más de 20 colombianos implicados. Originalmente, las autoridades haitianas señalaron que el comando responsable estaba mayoritariamente compuesto por exmilitares sudamericanos, que habrían sido contratados por una empresa de seguridad con sede en Florida. Según las investigaciones, estos individuos aseguraron que su misión era detener a Moïse bajo una orden de captura supuestamente firmada por un juez haitiano.
El último avance relevante se registró cuando el juez Jean Roger Noelcius, que había firmado la orden de arresto, declaró ante un tribunal en Miami que el documento era ilegal y que él no tenía la autoridad para ordenar la detención de un presidente en funciones.
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Noelcius reconoció que solo la Policía Nacional puede ejecutar órdenes de arresto en Haití y admitió que firmó la orden con la que fueron engañados los colombianos en 2021, justificando su actuación al indicar que fue bajo presión y fuera de sus competencias legales.
Ante esta situación, el proceso en Haití fue anulado y deberá reiniciarse, incluyendo el testimonio de Jorverneil Moïse, hijo del presidente asesinado. Mientras tanto, los colombianos acusados permanecen recluidos y sus defensores insisten en que actuaron bajo una orden legítima, desconociendo su supuesta falsedad.
La defensa también cuestionó que durante años el juez sostuvo que su firma había sido falsificada, hecho que impidió avances en la causa. Actualmente, se ejecuta un juicio en Estados Unidos que podría ser clave para la nueva etapa judicial en Haití.
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Colombianos detenidos en Haití aseguran que firmaron documentos que no fueron revisados por sus abogados
En diálogo con Caracol Radio, Juan Carlos Yepes, uno de los 17 colombianos que siguen recluidos en una prisión de Haití, denunció que, tras ser detenidos por el magnicidio de Moïse, se registraron varias irregularidades procesales.
Yepes, que se retiró del Ejército colombiano, aseguró que no han tenido garantías y que los han mantenido alejados de sus abogados durante decisiones judiciales en las que se abordaron pruebas en su contra, a pesar de que estas no los vinculan con el crimen.
“Nunca tuvimos abogados”, afirmó el colombiano sobre los días posteriores al arresto y el inicio del proceso en Haití, en el que los habrían obligado a firmar documentos en francés a pesar de que ninguno de los mercenarios maneja este idioma.
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“Nosotros no tuvimos representación jurídica, por eso nos hicieron firmar documentos sin saber ni siquiera qué decían los documentos. Ellos aprovecharon eso para autoincriminarnos a nosotros”, declaró Yepes.
De acuerdo con el colombiano, fueron reclutados para un tema de seguridad diplomática” y que la promesa incluyó que después de cumplir con esa misión serían vinculados a un trabajo de seguridad privada en el exterior.
“La información que me da el señor Duberney es prestarle seguridad a un personal diplomático. Cuando llego a República Dominicana es que me dicen que voy para el país de Haití, que vamos a prestarle seguridad a un personal diplomático que no confía en la policía de ese país”, narró Yepes.
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El mercenario colombiano puntualizó al indicar que en Haití les hablaron sobre la captura “legal” que iban a concretar, para la cual les mostraron documentos con los que garantizaban que su accionar era legal y no tendrían ningún tipo de consecuencia jurídica. La defensa de los colombianos ha señalado que inicialmente, cuando los capturaron, fueron investigados como autores materiales del crimen, pero en noviembre de 2024 cambió la acusación a complicidad.