La Red de Veedurías de Colombia, a través de su titular, Pablo Bustos, lanzó duros cuestionamientos al vicepresidente de Ecopetrol Felipe Trujillo López, al advertir sobre una contratación de cerca de USD2.000 millones en Barrancabermeja que, según las denuncias recibidas por la red, se estaría impulsando en plena Ley de Garantías y bajo un esquema que también incluye señalamientos por movimientos económicos y un presunto relacionamiento indebido con contratistas.
De acuerdo con el abogado Bustos, la acusación no se limita al monto, pues la entidad sostuvo que el negocio se proyectaría inicialmente por cinco años, con opción de ampliarlo hasta ocho, para mantenimiento de plantas de producción y refinerías de la LBCC en Barrancabermeja, además de un plan de abastecimiento integral. Un asunto que levantó sospechas para el veedor ciudadano, que también hizo énfasis en las informaciones sobre bienes suntuosos.
Las denuncias, de acuerdo la referida red, habrían sido remitidas por personas que se presentan como trabajadores de la petrolera estatal y también entregadas a la línea de ética de la compañía. En ese sentido, se añadió que la información incluiría alertas sobre altas cifras de movimientos en efectivo que, según afirmó, se habrían mantenido ocultas en la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), encargada de vigilar la transparencia de recursos.
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En su denuncia, Bustos vinculó el caso con una discusión más amplia sobre controles internos y oportunidad de la contratación. “La Red de Veedurías presenta una alerta pública respecto de Ecopetrol y, particularmente, en esta ocasión, respecto de una posible millonaria contratación en Barrancabermeja, a quien se atribuiría, conforme a denuncias recibidas por la Red de Veedurías, la responsabilidad al vicepresidente Downstream, Felipe Trujillo”, precisó el veedor.
Red de Veedurías puso su lupa en los contratos por hasta ocho años en Barrancabermeja
En esa misma intervención, la red precisó el objeto de la contratación y el plazo contemplado. “Esos recursos tendrían como propósito hacer el mantenimiento de las plantas de producción y refinerías de la LBCC en Barrancabermeja. Además, un plan de abastecimiento que lo curioso es que se estarían proyectando inicialmente para cinco años con la posibilidad de extenderlo a ocho”, señaló la red, frente a lo que consideró un hecho a todas luces anómalo.
Otro aspecto que llamó la atención de parte de Bustos y su equipo fue el momento elegido para firmar y la duración prevista del negocio. Según la organización, existirían presiones para suscribir en tiempo récord esos contratos multimillonarios cuando rige la Ley de Garantías, que se extendió hasta el 21 de junio de 2026, al haber segunda vuelta presidencial en Colombia, y a las puertas de un nuevo gobierno corporativo en la estatal petrolera, referente en la región.
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En consecuencia, la red elevó el pedido formal de investigaciones a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, en relación con lo que, según Bustos, serían las actuaciones de Trujillo López. “Se trata de denuncias que inclusive han sido recibidas a través de trabajadores anónimos que han sido contestes y preocupados por la situación contractual de la entidad”, agregó el abogado acusador frente al caso.
Por esa razón, el veedor decidió activar sus mecanismos de denuncia pública. “Hemos defendido a Ecopetrol, pero cuando se deben prender las alarmas también activamos los protocolos de denuncia; nos han llegado los anónimos de quienes se presentan como trabajadores y es nuestro deber advertir los hechos ante las autoridades pertinentes para que inicien las investigaciones a que haya lugar y a la opinión pública”, resaltó el abogado líder de esta red.
Bustos cerró su pronunciamiento con un claro y vehemente llamado a los organismos de control y judiciales. “Ecopetrol merece transparencia y más en la coyuntura electoral actual. Por tanto, la Red de Veedurías hace y presenta esta alerta”, expresó el letrado, que espera que se garantice la transparencia de los procesos contractuales y, en la misma línea, se proteja a los trabajadores que decidieron denunciar las posibles irregularidades al interior de la compañía.
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Por el momento, todavía no se conoce una respuesta de Trujillo López, vicepresidente de refinación y procesos industriales de Ecopetrol, frente a las informaciones reveladas por el veedor ciudadano, que causaron impacto en las plataformas digitales. Y que agravarían la situación de la empresa ante la opinión pública, tras los escándalos que sacuden a su presidente, Ricardo Roa, por presunta violación de topes electorales y tráfico de influencias.