Colombia registró este domingo 31 de mayo una de las jornadas electorales más cerradas de los últimos ciclos presidenciales, con un escrutinio que avanzó hasta el 99,3% de las mesas y una diferencia reducida entre los dos principales candidatos. En ese escenario, la atención no solo se centró en los resultados, sino en las reacciones posteriores desde el ámbito de las encuestas.
En ese clima político, el CEO de la firma brasileña AtlasIntel, Andrei Roman, publicó un mensaje dirigido a la ciudadanía tras conocerse el avance del conteo oficial; la declaración se difundió en la red social X y generó comentarios en distintos sectores del debate público.
“Queridos colombianos: AtlasIntel siempre les dijo la verdad”, escribió Roman, en una frase que circuló de manera amplia luego de que el resultado parcial confirmara una contienda estrecha entre Abelardo de la Espriella, con el 43,72% de los votos, e Iván Cepeda, con el 40,92%.
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La reacción del directivo se produjo en paralelo a la consolidación de los datos electorales, que mostraron una diferencia corta entre ambos aspirantes y dejaron sin margen de avance al resto de candidaturas en el tramo final del escrutinio.
La última medición publicada por AtlasIntel antes de la segunda vuelta proyectó un escenario de alta competencia entre ambos candidatos; el estudio ubicó a Iván Cepeda con el 38,7% de intención de voto y a Abelardo de la Espriella con el 37,3%, además de registrar una caída significativa en el respaldo de Paloma Valencia.
Ese resultado previo volvió a ocupar el centro de la discusión pública tras conocerse los datos oficiales preliminares. La cercanía entre las proyecciones y el desenlace electoral reabrió el análisis sobre la precisión de los sondeos difundidos durante la campaña.
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Debate sobre metodología de AtlasIntel en sus encuestas digitales
AtlasIntel, firma de origen brasileño con trayectoria en procesos electorales en Estados Unidos, Brasil y Argentina, mantuvo presencia activa en el debate colombiano a lo largo del periodo electoral. Su trabajo metodológico quedó bajo revisión por distintos sectores académicos, políticos e institucionales.
El modelo utilizado por la encuestadora, conocido como Random Digital Recruitment (RDR), se basa en la captación aleatoria de participantes en entornos digitales. Este sistema fue objeto de observaciones por parte de analistas que cuestionan su capacidad de representar de manera homogénea a todo el electorado colombiano.
Entre los argumentos expuestos, señalo la brecha de conectividad en algunas regiones del país, lo que podría incidir en la composición de las muestras. Estas observaciones fueron planteadas en el marco de discusiones sobre la validez comparativa frente a metodologías presenciales tradicionales.
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Desde la firma, Andrei Roman defendió el enfoque metodológico y sostuvo que los sistemas de ponderación estadística y calibración permiten corregir posibles desviaciones y ajustar los resultados a la estructura real del electorado.
El debate también alcanzó el plano normativo tras la entrada en vigor de la Ley 2494 de 2025, que estableció nuevos requisitos técnicos para la publicación de encuestas políticas en Colombia; allí obtuvo revisiones sobre el cumplimiento de las firmas encuestadoras registradas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Dentro de ese proceso, se presentaron solicitudes para evaluar la continuidad de AtlasIntel en el registro oficial de encuestadoras autorizadas. Sin embargo, el organismo electoral no adoptó una decisión definitiva y mantiene el análisis abierto.
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Otro punto de discusión fue el contenido de los cuestionarios aplicados durante la medición de intención de voto. Algunos sectores señalaron que ciertas formulaciones incluyeron escenarios políticos no verificados, lo que provocó observaciones sobre la neutralidad del instrumento.
Estas inquietudes fueron mencionadas en análisis periodísticos, entre ellos los del periodista Daniel Coronell, lo que contribuyó a ampliar la discusión pública sobre la elaboración de encuestas en periodos electorales.
El informe técnico, que obtuvo el CNE, señaló posibles incumplimientos a los artículos 2, 3, 6 y 9 de la normativa sobre encuestas. En el documento se advierte la difusión de resultados sin acreditación plena de requisitos legales y técnicos exigidos para estudios de intención de voto.
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La auditoría sobre las mediciones de marzo y abril concluyó que el material correspondía a un sondeo y no a una encuesta en los términos normativos; además, el texto añadió que la divulgación de esos resultados contravino la prohibición prevista en la ley aplicable al sector.
El informe también registró seis hallazgos, entre ellos uno calificado como crítico: “Sondeo publicado como encuesta”. Otros puntos incluyeron entrega tardía de información, ausencia de declaración juramentada sobre aportes, inconsistencias en identificación de un candidato, diferencias entre cuestionarios y falta de acreditación de conservación de datos.