Un operativo de la Policía Nacional en el centro de Bogotá permitió la captura de un hombre que portaba una granada de fragmentación, un hecho que causó alarma por el potencial riesgo que representaba para la seguridad ciudadana.
El caso se registró en el barrio La Estanzuela, en la calle 8 con carrera 15, cuando uniformados de la patrulla de vigilancia identificaron a un sujeto de 35 años en actitud sospechosa, deambulando “como si nada” por una de las zonas de mayor flujo peatonal de la capital.
Captura en flagrancia y despliegue antiexplosivos
El hombre, de nacionalidad extranjera, fue requerido para un registro personal. Durante la inspección, los uniformados hallaron en su poder una granada de fragmentación, un artefacto explosivo de uso privativo de las fuerzas armadas, cuyo porte está estrictamente penalizado en el país.
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De inmediato, la patrulla solicitó el apoyo de la unidad antiexplosivos, que se desplazó al lugar y aplicó los protocolos de seguridad para garantizar la integridad de la comunidad y de los mismos agentes. Los especialistas confirmaron que el artefacto conservaba sus sistemas de seguridad intactos, lo que permitió su traslado controlado sin representar un riesgo de detonación accidental.
El teniente coronel Nilson Figueroa, comandante de la Estación de Policía Los Mártires, detalló sobre el procedimiento: “Durante labores de patrullaje y control, los uniformados realizaron un registro personal a un ciudadano de nacionalidad extranjera. En medio de la verificación fue hallada una granada de fragmentación. De inmediato se solicitó el apoyo de la unidad antiexplosivos, quienes confirmaron que el artefacto contaba con sus sistemas de seguridad, permitiendo su traslado sin riesgo”.
Antecedentes judiciales y judicialización
La investigación reveló que el capturado tenía una orden judicial vigente desde 2024 emitida por el Juzgado 44 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, con una condena de nueve años de prisión por el mismo delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Pese a esta condena, el sujeto se encontraba en libertad y reincidió en la conducta delictiva.
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El detenido fue dejado a disposición de la autoridad competente, que continuará con el proceso de judicialización. La Policía Nacional y la Fiscalía avanzan en las investigaciones para establecer la procedencia de la granada y determinar si el capturado tendría vínculos con organizaciones delincuenciales o si el artefacto iba a ser utilizado en la comisión de otros delitos graves.
El peligro de las granadas de fragmentación
Una granada de fragmentación es un arma antipersona cuyo poder letal reside en la explosión y la dispersión de metralla. Al activarse, la carcasa se rompe en múltiples fragmentos metálicos que salen despedidos en todas direcciones, causando daños fatales en un radio considerable. Su uso está restringido a Fuerzas Militares y su posesión por parte de civiles es un delito tipificado con severidad en el Código Penal Colombiano. El artículo 366 contempla penas de 11 a 15 años de prisión para quienes porten explosivos sin autorización.
La ley es especialmente rigurosa con este tipo de armas, considerando el riesgo para la seguridad pública y el potencial uso en actividades como terrorismo, extorsión o sicariato. La pena puede aumentar si se comprueba que el capturado pertenece a grupos armados o que el artefacto iba a ser utilizado con fines delictivos.
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Destrucción masiva de armas ilegales en Bogotá
La captura del sujeto hace parte de una ofensiva integral en la capital contra el porte ilegal de armas en la ciudad. El 15 de abril, la Policía Metropolitana lideró la destrucción de más de 170.000 armas blancas, traumáticas y contundentes incautadas en diferentes puntos de la ciudad entre mayo de 2025 y abril de 2026, como parte de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”. El material fue compactado y fundido, retirando de circulación elementos que representan un alto riesgo para la convivencia y el orden público.
Según reportes oficiales, las localidades de Kennedy, Bosa y Engativá concentran el mayor número de incautaciones e imposiciones de comparendos por convivencia. En 2025, se incautaron 1.512 armas de fuego ilegales, la cifra más alta en seis años, y en los primeros tres meses de 2026 ya se habían decomisado 408 armas, una tendencia récord en la última década.
El secretario de Seguridad, César Restrepo, destacó que “el año pasado tuvimos el mayor número de incautación de armas de fuego ilegales desde 2022, y el menor número de personas que murieron por hurtos en seis años”, lo que evidencia el impacto de la estrategia en la reducción de la violencia.
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Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso o delictivo a través de la línea de emergencia 123, o acercándose al CAI más cercano.