Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial, mostró públicamente un documento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que confirmaba la existencia de un riesgo “extraordinario” para la seguridad de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, asesinado recientemente en circunstancias que han generado conmoción y debate nacional.
En una entrevista con Noticias RCN en su sección Candidatos en la redacción, Uribe Londoño presentó la Resolución DGRP 011827 de 2024, firmada por el director de la UNP, Augusto Rodríguez, en la que se establece de forma explícita que el senador tenía validación de riesgo “extraordinario” en su calidad de congresista.
El documento ratificó la asignación de dos vehículos blindados y tres personas para su esquema de protección, especificando además que dichas medidas debían ser extensivas a su familia.
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“Las medidas de protección serán extensivas para la familia”, se lee en el texto de la resolución que compartió la periodista Maritza Aristizábal, y que compartió a través de su cuenta de X tres imágenes del documento que le mostró el candidato presidencial (Partido Demócrata Colombiano).
Uribe Londoño fue vehemente en señalar las inconsistencias en las declaraciones del director de la UNP, quien habría sostenido que el senador dividió su esquema de seguridad el día del atentado para dejar a su familia acompañada de los escoltas.
Para el candidato, de acuerdo con lo que se detalla en el documento, la protección debía cubrir tanto a su hijo como a su familia, y que la distribución de los escoltas no fue una decisión arbitraria del senador.
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“El artículo me incluye a mí. Seríamos siete personas para tres personas de protección. Es tan atrevido decir que Miguel Uribe es responsable de su muerte por haber dividido su esquema de protección, cuando tenía la tercera parte de sus compañeros del Centro Democrático y hasta la quinta parte que tenía Iván Cepeda y los candidatos del Pacto Histórico”, explicó Uribe Londoño en la entrevista, haciendo referencia a la diferencia en el nivel de protección asignado a otros congresistas.
Además de referirse al documento clave sobre la seguridad de su hijo, Uribe Londoño calificó el magnicidio como un crimen de Estado y criticó la gestión de la seguridad para figuras públicas en el país.
El padre de Uribe Turbay expresó su preocupación por el avance de las investigaciones y reiteró la necesidad de esclarecer los hechos y establecer responsabilidades por el magnicidio de su hijo.
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Durante la entrevista, el candidato también abordó temas de su campaña presidencial, presentando propuestas en materia de salud, seguridad, economía y alianzas políticas.
Sin embargo, la atención se centró en la revelación del documento de la UNP y en la exigencia de respuestas claras por parte de las autoridades.
La difusión de la resolución firmada por Augusto Rodríguez le suma un nuevo registro al debate sobre los niveles de protección que reciben los dirigentes políticos en Colombia, una situación por la que ya ha sido señalado en varias oportunidades el funcionario del Gobierno Petro.
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Miguel Uribe Londoño anunció acciones legales por ser excluido de debates presidenciales
Horas antes ese mismo miércoles, Uribe Londoño también presentó una acción de tutela contra los canales de televisión abierta este lunes, solicitando al juez la orden de ser incluido en los debates presidenciales o, de lo contrario, la suspensión de estos encuentros previos a las elecciones.
El aspirante afirmó en su comunicado y mediante un video que compartió en su cuenta de X que la exclusión de candidatos afecta el derecho a la información y restringe el acceso ciudadano a debates fundamentales para la jornada electoral.
De acuerdo con el reclamo de Uribe Londoño, restringir estos espacios reduce los derechos políticos tanto de su propia candidatura como de otros postulantes, ya que limita la pluralidad y el acceso a una elección informada.
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La petición hizo hincapié en que, tanto el principio de pluralismo informativo como la igualdad en la participación política, quedan vulnerados por los formatos que solo incluyen a quienes lideran las encuestas.
La respuesta legal surge luego de que el abogado Abelardo de la Espriella sugiriera públicamente limitar los debates a los candidatos mejor posicionados.
Esto generó la reacción inmediata de Uribe Londoño desde su perfil: “Hoy radiqué una acción de tutela en contra de los operadores de televisión abierta por considerar que no tener a todos los candidatos presidenciales en sus debates vulnera los derechos colectivos y políticos de la ciudadanía”.
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