Una delegación de congresistas del Centro Democrático viajará a Washington D. C. (Estados Unidos), entre el 20 y el 25 de abril de 2026, para denunciar ante una serie de organismos internacionales las amenazas de muerte que han surgido, según ellos, contra Paloma Valencia: actual senadora y candidata presidencial y con ello exigir garantías para el ejercicio democrático en Colombia tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui y la senadora María Angélica Guerra liderarán la misión, en una agenda que contempla audiencias con integrantes del Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), según se confirmó por parte de los congresistas.
Las denuncias que ambos expondrán ante estas dependencias girarán en torno a lo que consideran un “patrón sistemático” de persecución a la oposición y una crisis de garantías para la vida y la actividad política en Colombia, precedida por el crimen cometido contra Uribe Turbay: que sufrió un atentado el 7 de junio de 2025 y, tras dos meses y cuatro días de recuperación falleció, en la Fundación Santander.
Este suceso, sin duda, marcó el punto de quiebre que motivó este viaje. “Su magnicidio representa uno de los golpes más duros contra la democracia colombiana en los últimos años y evidencia que hoy la vida de quienes piensan diferente está en riesgo real”, declaró Uscátegui, que se ha convertido en uno de los opositores más decididos a la administración de Gustavo Petro, al que le restan 115 días de mandato.
En consecuencia, la delegación solicitará que se vigile el proceso electoral colombiano, previsto para el 31 de mayo. De acuerdo con los organizadores, el viaje busca alertar que “proteger la vida de Paloma y el proceso electoral que se nos avecina es crucial para el futuro de la democracia en Colombia”, siendo esta una de las consignas centrales, en el sentido de pedir observación internacional y garantías efectivas en el proceso.
“Colombia no puede seguir normalizando la violencia política ni el silencio frente a las amenazas contra la oposición. Estamos acudiendo a instancias internacionales porque el país necesita garantías reales para una democracia libre, transparente y sin miedo. La vida de nuestros líderes no puede seguir dependiendo de la indiferencia del Estado”, acotó Uscátegui, como vocero de esta comitiva que estará en suelo norteamericano.
Las amenazas a Paloma Valencia que encendieron las alarmas en la oposición
La situación de seguridad de la candidata entró en profunda revisión luego de que empezara a circular en las redes sociales, entre el sábado 11 y domingo 12 de abril, una imagen de corona fúnebre con su rostro, difundida desde una cuenta eliminada poco después. A lo que se sumó que una sede de campaña en Bucaramanga fue atacada y vandalizada; al parecer, por simpatizantes de otra de las campañas.
Valencia calificó los hechos como “extremadamente graves” y los ligó al debilitamiento de las garantías democráticas, asegurando además que continuará con su campaña nacional. Sin embargo, la ola de amenazas afecta a varios aspirantes, pues el abogado Abelardo de la Espriella también denunció intimidaciones recientes a través de las plataformas digitales, lo que ameritó pronunciamiento de diferentes estamentos.
La comitiva ha insistido en que los actos en contra de Valencia no son incidentes aislados, sino parte de “un plan sistemático para amedrentar y perseguir a la oposición colombiana”, en palabras de Uscátegui. Por ello, reiteraron presentarán pruebas ante organismos extranjeros para respaldar esta hipótesis y solicitarán que la situación colombiana forme parte de la agenda internacional de derechos humanos en 2026.