La senadora Isabel Zuleta, que lidera la delegación del Gobierno nacional en el proceso de Paz Urbana en Medellín, reiteró su rechazo frente a los cuestionamientos y críticas que han surgido en los últimos días contra las negociaciones con bandas criminales.
Sus declaraciones se producen en medio del debate generado por la decisión de la Fiscalía de revocar la suspensión de órdenes de captura contra 16 cabecillas vinculados a este proceso.
En un comunicado público y en declaraciones entregadas desde la cárcel de máxima seguridad de La Paz, en Itagüí, la congresista insistió en que el proceso de paz urbana no debe ser utilizado con fines políticos ni electorales, al tiempo que defendió los avances alcanzados durante cerca de tres años de conversaciones entre el Gobierno y estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá.
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“La paz no puede ser rehén de cálculos electorales”, expresó Zuleta, al cuestionar los señalamientos provenientes de sectores políticos y algunas autoridades locales frente al desarrollo de este mecanismo de diálogo.
Cuestionamientos tras decisión de la Fiscalía
El pronunciamiento de Zuleta se da en un contexto marcado por la decisión de la Fiscalía General de la Nación de dejar sin efecto la suspensión de órdenes de captura contra varios líderes de organizaciones criminales que participan en la mesa de negociaciones. La medida fue interpretada por distintos sectores políticos en Antioquia como un giro en la estrategia frente a la seguridad.
La determinación impacta directamente a cabecillas como alias Tom y alias Douglas, reconocidos dentro del entramado criminal del Valle de Aburrá. Para algunos sectores, la reactivación de los procesos judiciales representa una señal de firmeza institucional frente a estos actores.
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Frente a este panorama, Zuleta señaló que la decisión evidencia posiciones divergentes dentro de las instituciones. “La Fiscalía consideró en su momento que era pertinente y hoy consideró que no. Eso quiere decir que no hay claridad sobre dicha pertinencia, hay discusión; no hay una posición única en relación a la medida”, afirmó la senadora.
Defensa del proceso y críticas a sectores políticos
En el comunicado difundido, la delegada del Gobierno fue más allá y aseguró que los cuestionamientos al proceso responden a intereses políticos. “Los recientes ataques contra el proceso de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá no son inocentes ni desinformados: son una estrategia política deliberada de la derecha para hacer proselitismo”, señaló.
Según el documento, durante casi tres años se ha construido un camino orientado al desescalamiento de las violencias urbanas, el cual —según la senadora— estaría siendo instrumentalizado en el actual contexto político.
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Zuleta también afirmó que existe una intención de deslegitimar el proceso y afectar la percepción ciudadana. “Lo que hemos visto en los últimos días es una andanada de ataques que buscan deslegitimar el proceso, sembrar desconfianza en la ciudadanía y reinstalar la narrativa de guerra como herramienta política”, indicó.
En esa misma línea, rechazó el uso del proceso como herramienta de campaña. “Es inaceptable que actores políticos de Medellín y Antioquia desconozcan el derecho fundamental a la paz y utilicen la estigmatización como mecanismo de campaña”, agregó.
Avances en el diálogo
Pese a las controversias recientes, la Delegación de Paz del Gobierno y los voceros de las estructuras criminales han sostenido que el proceso de paz urbana continúa avanzando.
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Las partes han señalado que se ha consolidado una agenda enfocada en la búsqueda de una salida dialogada a las violencias urbanas, con el objetivo de garantizar la no repetición de hechos violentos y establecer compromisos verificables. “Seguiremos firmes, porque la paz urbana no es de un gobierno ni de un sector: es un derecho de la gente y una necesidad urgente para los territorios”, expresó Zuleta, al reiterar la continuidad del proceso.
Además, la senadora manifestó que el proceso ha enfrentado cuestionamientos constantes, incluyendo lo que calificó como una persecución desde algunos sectores institucionales y mediáticos.