La senadora María Fernanda Cabal acusó al presidente Gustavo Petro de favorecer a los indígenas del Cric con contratos directos por más de $218.000 millones de pesos, cuestionando el destino real de esos fondos.
“¿Esa plata le llega a los indígenas? $218 mil millones de pesos en contratos para que apoyen electoralmente a Cepeda y Aida Quilcué, mientras tanto, miles de indígenas siguen viviendo en precarias condiciones”, escribió la congresista del Centro Democrático en su cuenta de X.
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Contratos directos al Cric antes de la Ley de Garantías
La crítica de Cabal se enmarca en recientes revelaciones de medios nacionales como El Colombiano, que documentó cómo el Gobierno de Gustavo Petro adjudicó contratos directos al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) por más de $218.000 millones de pesos entre 2024 y 2026.
Los reportes destacan que, el 30 de enero, apenas un día antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, el Ejecutivo firmó tres contratos con el Cric por un valor de $3.929 millones.
Esta norma restringe la contratación directa y la modificación de nóminas en los cuatro meses previos a elecciones, para evitar el uso de recursos públicos con fines políticos.
Según los documentos obtenidos por el medio citado inicialmente, los contratos se realizaron bajo esquemas flexibles, que apelan a criterios como el “conocimiento ancestral” y la representatividad territorial para justificar la omisión de procesos competitivos tradicionales.
Especialistas consultados por los medios advirtieron que este modelo puede dificultar el control y la fiscalización efectiva sobre el manejo de los fondos estatales.
Debate por el uso de recursos públicos en comunidades indígenas
La entrega de estos contratos al Cric forma parte de un fenómeno más amplio. En los últimos meses, se reportó la firma de 80.736 contratos entre el Gobierno y asociaciones público-populares, incluidas juntas de acción comunal, cabildos indígenas y resguardos.
Las autoridades han defendido la flexibilidad en la contratación con organizaciones indígenas, argumentando que responde a la necesidad de reconocer su autonomía y su capacidad de gestión en los territorios.
Sin embargo, la magnitud de los recursos asignados y el momento en que se concretaron los acuerdos han suscitado sospechas sobre posibles intereses electorales.
El Cric es considerado una de las estructuras indígenas más influyentes del país, con amplia interlocución ante el Estado. La senadora Cabal sostiene que los contratos buscan “apoyar electoralmente a Cepeda y Aida Quilcué”, mientras persisten condiciones precarias para muchas comunidades indígenas.
El tema ha impulsado un debate nacional sobre la transparencia en la asignación de recursos públicos, el uso de criterios étnicos en la contratación estatal y el papel político de las organizaciones indígenas en el contexto electoral colombiano.
De acuerdo con El Colombiano, los contratos, 23 en total, se han suscrito por varias entidades del Estado, entre ellas el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Justicia, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Interior. Además, fondos como el Fondo Único de Tecnologías, el cuestionado Fonigualdad, el Fondo Colombia en Paz y el Fondo para la Vida y la Biodiversidad han firmado acuerdos, lo que evidencia la amplitud institucional de los recursos comprometidos.
De acuerdo con lo registrado por El Tiempo, los contratos entregados en lo que va de esta administración a ambas organizaciones sobrepasan los $31 billones, según está consignado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y dichas asociaciones indígenas son una figura creada en el Plan Nacional de Desarrollo de este Gobierno.
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