Judicializan a tres personas por supuesta extorsión a alcaldes en Cesar a través de una red de veeduría ciudadana

La judicialización de tres personas por supuesta extorsión a alcaldes en Cesar, a través de una red de veeduría ciudadana, fue anunciada por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la información oficial, Juan David López Rojas, José Carlos Toncel García y Federman Asley López habrían conformado un grupo que utilizaba la figura de una red de veeduría ciudadana para contactar a mandatarios y funcionarios municipales en Cesar y exigirles sumas entre $10 millones y $300 millones.

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“Juan David López Rojas, José Carlos Toncel García y Federman Asley López serían los integrantes de un grupo delincuencial que, haciéndose pasar como una red de veeduría ciudadana, presuntamente extorsionaba a alcaldes y funcionarios de diferentes municipios de Cesar”, afirmó la Fiscalía en su comunicado oficial.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre noviembre de 2025 y marzo de 2026. Durante ese tiempo, los procesados habrían solicitado dinero a cambio de no presentar denuncias por supuestos actos de corrupción o de retirar acciones ya radicadas ante organismos de control.

López Rojas fue identificado como presunto líder de la estructura, Toncel García como intermediario y López habría asumido la logística y recepción del dinero.

“Las evidencias en poder de la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que estas personas, entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, habrían contactado a distintos servidores municipales a reuniones y exigido sumas de dinero que oscilaban entre 10 y 300 millones de pesos para supuestamente abstenerse de interponer denuncias en su contra por hechos de corrupción o retirar acciones presentadas ante los organismos de control”, indicó el ente acusador.

Entre las víctimas mencionadas están el alcalde y el gerente de la empresa de servicios públicos de La Jagua de Ibirico, así como el alcalde de Becerril. Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a los señalados ante un juez de control de garantías.

Según la Fiscalía General de la Nación, a las tres personas mencionadas se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada.

“Por estos hechos, un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez de control de garantías y, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada”, aseveró la Fiscalía.

Los implicados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario. El proceso judicial continúa bajo la vigilancia de las autoridades.

En Colombia, una persona hallada culpable de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada puede recibir penas severas, según el Código Penal y la legislación vigente.

De acuerdo con el artículo 340 del Código Penal, el concierto para delinquir agravado con fines de extorsión está castigado con prisión de ocho a dieciocho años, además de una multa que puede ir desde dos mil setecientos hasta treinta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta sanción se aplica cuando el acuerdo entre varias personas tiene como objetivo cometer delitos como la extorsión o el secuestro extorsivo.

Por su parte, la extorsión agravada está contemplada en los artículos 244 y 245 del mismo código. Cuando concurren circunstancias agravantes —como la pertenencia a grupos armados organizados o la afectación a múltiples víctimas— las penas pueden oscilar entre dieciséis y veinticuatro años de prisión, junto con multas proporcionalmente elevadas.

Ambos delitos excluyen a los condenados de beneficios judiciales como la libertad condicional o la suspensión de la ejecución de la pena, de acuerdo con la Ley 1121 de 2006.