El Gobierno de Gustavo Petro decretó la creación de una megarreserva ambiental en la Sierra Nevada de Santa Marta, bloqueando durante dos años toda expedición de títulos mineros, licencias de explotación y nuevos contratos para una zona establecida.
Así lo confirmó el presidente Gustavo Petro que, por medio de un mensaje publicado en su cuenta de X, recalcó que su decisión obedece a la protección del entorno natural de una de las reservas más grandes del país.
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En su intervención, el mandatario manifestó que esto protegerá a las comunidades indígenas que residen en esta parte del Caribe colombiano.
“La Sierra Nevada de Santa Marta, el corazón del mundo, acaba de ser protegida por el Gobierno. Casi un millón de hectáreas de reserva ambiental en la Sierra Nevada de Santa Marta son parte de la reserva, una de las más grandes de la historia del país. Así cuidamos a las comunidades indígenas, a la humanidad y la vida desde el corazón del mundo”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.
Esto dice el decreto que crea la reserva ambiental
De acuerdo con la resolución adoptada por el Ministerio de Ambiente, y que fue revelada por Cambio, el documento fue firmado el 30 de marzo de 2026 por la ministra encargada Irene Vélez, en respuesta a una solicitud del Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada.
En el documento citado por el medio de comunicación, el área protegida en la Sierra Nevada de Santa Marta, declarada como “reserva temporal de los recursos naturales renovables”, se distribuye en territorios de los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, que consta de una superficie de 942.005 hectáreas –412.000 ya amparadas desde 2024, más 532.000 hectáreas adicionales–, una extensión mayor que la suma del departamento del Atlántico y cinco veces la del Quindío.
En la zona delimitada por la normativa, el área cubre 21 municipios, involucra cuatro resguardos indígenas pertenecientes a los pueblos arhuaco, wiwa, kankuamo y kogui, así como seis consejos comunitarios de comunidades negras y afrocolombianas, según lo establecido en la normativa revelada por el diario colombiano.
Negativa a proyectos mineros
De otro lado, la resolución establece que, mientras esta declaración esté vigente, los bienes naturales de la zona quedan excluidos de concesión, uso por particulares y de cualquier proceso de trámite relacionado con la minería.
Además, la medida incluye la prohibición expresa a la Agencia Nacional Minera (ANM) de otorgar nuevas concesiones o firmar nuevos contratos de exploración y explotación, así como a las autoridades ambientales regionales de conceder licencias ambientales para extracción de minerales.
En el ámbito jurídico, la figura de protección se basa en un decreto de 1974 y no implica la cancelación inmediata de actividades ya autorizadas: los proyectos mineros con licencia vigente podrán continuarse solo hasta la expiración de su permiso, sin posibilidad de prórroga.
Además, se autoriza la continuidad temporal de extracciones de materiales para obras públicas y de la pequeña minería formalizada de materiales de arrastre, como grava y arena.
La documentación técnica del Ministerio de Ambiente respalda la urgencia de atender las amenazas derivadas de actividades mineras legales e ilegales, subrayando que estas “amenazan la integridad ambiental de la Sierra y, con ella, la supervivencia de la cultura y cosmovisión” de los pueblos originarios.
Durante el proceso de consulta para la resolución, los indígenas lograron endurecer varios puntos: exigieron la prohibición explícita de otorgar licencias ambientales y la mención transparente de que el objetivo es avanzar hacia una reserva definitiva.
“Asegurar que la protección no cese sin una reserva definitiva y que se reconozcan estrategias complementarias de conservación biocultural propias”, señala la postura del Consejo Territorial de Cabildos Indígenas.
Impacto al sector minero
Con al decisión del Gobierno colombiano, el sector minero sufriría varios impactos en la región. Según datos revelados por Cambio, a febrero de este año existían 122 títulos mineros vigentes en la región, de los cuales cuatro se superponían en cinco resguardos indígenas.
Por otra parte, existían 81 solicitudes activas de nuevas concesiones, áreas de reserva especial o procesos de legalización, de las cuales siete afectan diez resguardos indígenas wayúu y kankuamos.
En el polígono de la nueva reserva, permanecen vigentes 93 títulos legales que cubren poco más de 46.000 hectáreas. El mayor de ellos, de 9.440 hectáreas, pertenece al ciudadano Gustavo Rodríguez Vargas, dedicado a la extracción de carbón en el Cesar. Le sigue La Macuira Inversiones y Construcciones, con 8.965 hectáreas, empresa contratista habitual en obras públicas en La Guajira.
Las solicitudes para nuevas concesiones mineras totalizan 77 expedientes activos dentro de la nueva área protegida, que sumarían 74.227 hectáreas, todas ahora suspendidas en su trámite a raíz de la resolución.
Entre tanto, desde el sector minero se confirmó que se está evaluando el impacto de la medida. Incluso, recordaron que en febrero de 2025, el Consejo de Estado respaldó a la Agencia Jurídica del Estado frente a un recurso de la Veeduría Dignidad Minera, que objetaba las reservas temporales por supuesta violación del debido proceso y desconocimiento de derechos adquiridos.
El tribunal, sin embargo, estableció que “la protección del derecho al ambiente sano prevalece sobre derechos adquiridos, y más cuando se indica que se trata de la propiedad, a la que constitucionalmente le corresponde una función ecológica”.
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