El proceso de adopción del nuevo modelo de pasaportes en Colombia quedó envuelto en un ambiente de incertidumbre. El arranque oficial, anunciado por la Imprenta Nacional el 1 de abril, expuso la existencia de contratos irregulares y millonarios pagos en juego, así como una disputa judicial que permanece sin resolver.
La Procuraduría General de la Nación mantiene serios reparos sobre la legalidad de los acuerdos suscritos entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Casa de la Moneda de Portugal. En el centro de la controversia se encuentran cuatro contratos que son objeto de escrutinio, con sumas comprometidas que ascienden hasta $1,49 billones.
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La Cancillería firmó su cuarto contrato con la Imprenta Nacional para la elaboración de libretas tres meses antes de la entrada en vigor del nuevo sistema, según se registró en la plataforma pública Secop el 29 de enero, apenas dos días antes de la vigencia de la Ley de Garantías.
El contrato compromete más de $185.370 millones y complementa otros acuerdos previos, incluyendo un marco interadministrativo con ejecución hasta 2036 y un específico que responsabiliza a la Imprenta de la personalización y distribución de pasaportes hasta 2034.
La Procuraduría y el seguimiento a un proceso bajo sospecha
El Ministerio Público expresó en febrero de 2026 su inquietud por la ejecución del convenio, al advertir que el acuerdo carece de una fecha de inicio y que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año.
El organismo aseguró en un comunicado que “abordará la suscripción de este nuevo negocio jurídico desde cada una de las acciones preventivas que se han entablado con respecto al suministro de pasaportes, al igual que desde cada una de las investigaciones disciplinarias en curso”. Hasta el momento, dichas investigaciones no han arrojado resultados concluyentes.
La incertidumbre creció en marzo, cuando la Cancillería intervino en el trámite judicial que adelanta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo que puso en pausa una demanda que pretende anular el convenio internacional con Portugal. La Procuraduría solicitó la “nulidad absoluta” del acuerdo, mientras el tribunal admitió la demanda en octubre de 2025 y resolvió recursos hasta marzo de 2026, sin que se vislumbre aún un desenlace.
Pleito judicial y transferencias en el limbo
La Procuraduría también pidió como medida cautelar la suspensión de los giros estatales comprometidos con la Casa de la Moneda de Portugal. No obstante, el tribunal consideró que por tratarse de recursos del Ejecutivo, no podía responder de inmediato a la solicitud. El magistrado José Élver Muñoz señaló que la nulidad es “un juicio de legalidad que debe hacer el juez de lo contencioso administrativo”, descartando la necesidad de conciliación.
El proceso exige trámites diplomáticos complejos, dado que la notificación a la Casa de la Moneda debe gestionarse a través del Ministerio de Justicia Portugués, siguiendo procedimientos del Convenio de La Haya de 1965 sobre documentos judiciales en litigios civiles o comerciales.
El tribunal elaboró una carta rogatoria, que la Cancillería interpretó como no aplicable, aunque se comprometió a remitir los documentos a las autoridades portuguesas bajo los principios de reciprocidad, voluntariedad y soberanía.
En la demanda, la Procuraduría destacó la “deficiente estructuración económica del convenio” y justificó la solicitud de suspensión por el impacto negativo sobre el patrimonio público y la prestación del servicio de expedición de pasaportes.
“Se justifica la presente medida cautelar en la gravosidad que genera para el patrimonio público y la prestación del servicio la ejecución y cumplimiento de obligaciones consignadas en el convenio”, figura en el expediente consultado por La FM.
Crisis política y sanciones en el trasfondo del proceso
Mientras los nuevos contratos enfrentan cuestionamientos legales, la responsabilidad sobre la expedición de pasaportes sigue en manos de la multinacional Thomas Greg & Sons, aunque el gobierno de Gustavo Petro intentó en varias ocasiones desplazarla del proceso.
La Cancillería declaró en agosto de 2025 la urgencia manifiesta para prolongar el vínculo con esta firma hasta abril de 2026, mientras afinaba los detalles del acuerdo con Portugal, que ahora enfrenta revisión judicial.
Las implicaciones políticas se reflejan a nivel de gabinete. El Ministerio Público sancionó a Álvaro Leyva, exministro de Exteriores, con diez años de inhabilidad para ejercer cargos públicos tras imputarle prevaricato.
La Fiscalía avanza en investigaciones penales, y la crisis llevó a la salida de Martha Lucía Zamora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de Alfredo Saade de la Jefatura de Despacho Presidencial, ambos envueltos en disputas internas por la adjudicación del contrato de pasaportes.
La Contraloría General de la República advirtió, un mes antes del lanzamiento del nuevo modelo, sobre retrasos en la importación de equipos y en el cumplimiento de los términos del contrato, así como el incremento en los costos operativos. Entre tanto, la legalidad de los cuatro contratos vigentes permanece en suspenso, en espera de definiciones judiciales y administrativas.