El Gobierno colombiano, que lidera el presidente Gustavo Petro, materializó el 25 de marzo de 2026 el incremento salarial para más de 1,3 millones de empleados públicos del orden nacional, oficializando un aumento del 7% que aplicará de manera retroactiva desde el primero de enero del mismo año.
Esta decisión, adoptada a través de un paquete normativo de 22 decretos, responde a la política de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales y a la necesidad de cumplir con los acuerdos alcanzados en los espacios de concertación entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales.
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Parte relevante de los nuevos decretos, en particular el Decreto 0297 del 25 de marzo de 2026, precisa que el alza del 7% para la alta gerencia —donde se incluyen los ministros del Despacho y directores de Departamento Administrativo— fue definida con base en una composición técnica específica: 5,1% corresponde a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y 1,9% es producto de la negociación colectiva estatal.
En efecto, los ministros tendrán un salario de $30.700.000. De los cuales, $8,4 millones son de asignación básica, $14,9 de gastos de representación y $7,3 de prima de dirección.
Mientras que los viceministros y negociadores internacionales tendrán un pago de $17.060.000; los expertos de comisión reguladora de $23,3 millones; el director de la agencia de hidrocarburos tendrá un sueldo de $34,2 millones y el subdirector tendrá un pago de $29,7 millones; el superintendente financiero deberá recibir un pago de $19,8 millones; y el director de la UGPP recibirá un sueldo de $39,4 millones.
De acuerdo con el documento, estos dos componentes buscan reflejar tanto la actualización inflacionaria como los compromisos asumidos en la Mesa de Negociación del Sector Público.
El impacto de esta medida trasciende a la alta dirección pública y se extiende a la totalidad de la planta estatal colombiana. Los beneficiados incluyen no solo ministros, sino docentes del magisterio, personal uniformado de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, empleados de la Rama Judicial y el Ministerio Público, así como el funcionariado administrativo de entidades descentralizadas. La extensión del ajuste a este conjunto asegura la uniformidad en la mejora de ingresos de los empleados públicos para el año fiscal en curso.
El ajuste ocurre en paralelo a una política de aumento significativo del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), que para 2026 fue fijado en $2.000.000, incluyendo auxilio de transporte. De acuerdo con el decreto, este incremento del 23% respecto al año anterior se enmarca en el objetivo gubernamental de reducir las brechas salariales, aunque la remuneración estatal responde a acuerdos específicos de negociación colectiva, no al mismo índice de incremento.
El Ministerio de Hacienda afirmó que los recursos requeridos para cubrir el nuevo salario fueron previstos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, lo que permitirá que el ajuste tenga carácter retroactivo. Las entidades públicas deberán cancelar los valores correspondientes a los meses de enero, febrero y la fracción de marzo en las próximas nóminas, garantizando la plena vigencia de la actualización desde el inicio del ciclo fiscal.
El Decreto 0297 de 2026 mantiene la estructura de remuneraciones histórica para los ministros: se compone de la asignación básica y gastos de representación, con el acceso a este beneficio regulado como cargo de libre nombramiento y remoción, según lo estipulado en la normativa.
Con la firma de estos decretos, el Gobierno no solo cierra el proceso anual de actualización salarial en la función pública, sino que asegura la estabilidad institucional y la observancia de los marcos regulatorios que rigen el empleo estatal en Colombia.