Un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Francisco Javier Estupiñán Bravo, exgerente de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, a 16 años, 7 meses y 6 días de prisión por su participación en un entramado de corrupción que direccionó la contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que llevaron a que Estupiñán Bravo aceptara, de manera libre y voluntaria, los delitos de peculado por apropiación propio y en favor de terceros agravado, e interés indebido en la celebración de contratos.
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El juez avaló esta manifestación. Respecto a otros dos cargos que le fueron formulados, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, la Fiscalía radicó escrito de acusación.
“El hoy sentenciado había aceptado de manera libre y voluntaria los delitos de peculado por apropiación propio y en favor de terceros agravado, e interés indebido en la celebración de contratos. Esta manifestación recibió aval judicial. Entre tanto, respecto a otros dos cargos que le fueron formulados, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, la Fiscalía radicó escrito de acusación“, señaló el ente acusador.
La investigación, orientada por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, evidenció que Estupiñán Bravo intervino en la adjudicación de la orden de proveeduría número 185 del 11 de octubre de 2023, por $29.000 millones.
El objeto del contrato era el suministro de 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira. Para cumplir con los requisitos de contratación, el exgerente presentó documentación falsa, según las pruebas, que acreditaba la disponibilidad inmediata de los vehículos, sustentada en una alianza comercial inexistente entre la corporación y un concesionario automotriz.
“La investigación orientada por un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia evidenció que Estupiñán Bravo intervino en la adjudicación de la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023, por 29.000 millones de pesos, cuyo objeto era el suministro de 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira. Para ello, presentó documentación falsa que acreditaba la disponibilidad inmediata de los vehículos, sustentada en una alianza comercial inexistente entre la corporación y un concesionario automotriz“, aseveró la Fiscalía.
Las diligencias judiciales establecieron que, pese a la inexistencia de los carrotanques en el momento de la contratación, se gestionó el desembolso de $24.406 millones, cuando los vehículos se encontraban en proceso de ensamblaje.
El análisis contable y contractual determinó un sobrecosto de 11.114 millones de pesos, de los cuales, junto con el representante legal de Yapurutú, Estupiñán Bravo se apropió de 4.330 millones y permitió que terceros recibieran 6.784 millones de pesos.
Contra la sentencia dictada por la autoridad judicial proceden los recursos legales correspondientes, según el comunicado difundido por la Fiscalía General de la Nación.
“Asimismo, participó en la gestión de desembolsos por 24.406 millones de pesos, cuando los carrotanques no estaban disponibles, debido a que se encontraban en ensamblaje. Las pruebas establecieron un sobrecosto de 11.114 millones pesos, del cual, junto con el representante legal de Yapurutú, se apropió de 4.330 millones y permitió que terceros se quedaran con 6.784 millones de pesos. Contra la condena conocida proceden los recursos de ley”, aseveró la Fiscalía.
Caso César Manrique
El Juzgado 11 Penal con función de conocimiento de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien continúa prófugo de la justicia.
Esta decisión, que ratifica la orden de captura internacional y la notificación roja de Interpol, se produjo tras resolver la apelación presentada por la defensa de Manrique y otros siete exfuncionarios implicados en el escándalo de corrupción que afectó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Según los documentos judiciales, el juez consideró que existen elementos suficientes para mantener la medida restrictiva, debido a que Manrique representa un riesgo de evasión y su permanencia en libertad podría interferir en el proceso penal.