La decisión del presidente Gustavo Petro de retirar a Colombia del sistema internacional de arbitraje de inversión encendió alertas en distintos sectores, que advierten riesgos concretos para la economía, la confianza de los inversionistas y la forma en que el país resolverá conflictos con empresas extranjeras.
El mandatario defendió la medida al señalar que estos mecanismos suelen fallar en contra de los Estados y advirtió que Colombia tiene en juego cerca de $52 billones en ese tipo de litigios. “¿Por qué aceptamos firmar contratos en donde (...) en general, perdemos?”, cuestionó.
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Sin embargo, especialistas en derecho internacional y representantes del sector empresarial plantean que el problema no radica necesariamente en el sistema, sino en las consecuencias de abandonarlo.
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Uno de los principales riesgos señalados es la pérdida de confianza para la inversión extranjera. Diego Márquez Arango, director de MQA Abogados, explicó en el portal Asuntos Legales que este tipo de arbitraje permite que las compañías acudan a un escenario independiente de la justicia local, “buscando imparcialidad y no injerencia del Estado en las decisiones”.
En ese sentido, advirtió que eliminar ese mecanismo podría enviar una señal negativa. En países con características similares a Colombia, dijo, los inversionistas “piden seguridad jurídica, y que sepan que quien resuelva sus conflictos sea idóneo e independiente”.
Otro frente de riesgo es el manejo de disputas internacionales. Actualmente, el arbitraje permite resolver conflictos en instancias externas al Estado. Si Colombia sale de ese sistema, surge la pregunta sobre quién asumirá ese rol.
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Desde el ámbito jurídico, Fabio Humar, socio director de Fabio Humar Abogados, subrayó en el mismo portal que este modelo “es un modo alternativo de resolver las disputas cuando hay inversión extranjera, muy sofisticado y de altísimos estándares”. A su juicio, dejarlo implica alejarse de prácticas reconocidas en escenarios globales: “pone al país lejos de los mejores estándares de disputas complejas”.
Las cifras también entran en la discusión. De acuerdo con datos citados por María Claudia Lacouture, presidente de AmCham, entre 2021 y 2024 Colombia ganó 10 de 12 decisiones arbitrales con resultado definido y perdió dos.
Aun así, el nivel de exposición ha crecido. “El inventario pasó de 20 a 34 casos, y las pretensiones reportadas de $10,79 billones a $59,52 billones”, indicó Lacouture.
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Pese a estas advertencias, la salida del sistema cuenta con respaldo en sectores académicos. Una carta firmada por cerca de 200 economistas, entre ellos Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, pidió a Colombia dar este paso, argumentando tensiones con políticas públicas como la transición energética.
Según ese documento, citado por el portal Asuntos Legales, existen antecedentes de demandas de empresas como ExxonMobil y Shell contra Países Bajos por decisiones relacionadas con el cierre de campos de gas, lo que podría replicarse en Colombia.
El sistema internacional de arbitraje es un método privado y alternativo para resolver disputas entre partes de diferentes países.
En lugar de llevar un conflicto a los tribunales nacionales de un país específico (lo que puede generar desconfianza o ventajas para una de las partes), las empresas, individuos o Estados acuerdan someter su disputa a uno o varios expertos imparciales, conocidos como árbitros. Estos árbitros evalúan el caso y emiten una decisión definitiva y legalmente vinculante llamada laudo arbitral.
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Las partes pueden elegir el idioma del proceso, el lugar del arbitraje, las leyes aplicables y, lo más importante, a árbitros que sean expertos en la materia específica de la disputa (por ejemplo, ingeniería, finanzas, energía, etc.).
Mientras se define el camino, el debate se centra en los efectos que podría tener esta decisión sobre variables sensibles como la inversión, la estabilidad jurídica y la forma en que Colombia enfrentará disputas internacionales en adelante.