La familia de Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la Universidad Externado de Colombia y asesor de la Procuraduría General de la Nación, solicitó a las autoridades judiciales que se garantice justicia en el proceso que avanza por su homicidio, en medio de las audiencias contra cuatro personas capturadas por estos hechos.
A través de un comunicado público, los allegados del docente expresaron su posición frente al desarrollo del caso y las decisiones que deberán adoptarse en las próximas horas.
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El pronunciamiento se conoce en el contexto de la reanudación de las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra los detenidos, programadas para el viernes 27 de marzo de 2026. El proceso judicial ocurre luego de que un juez de control de garantías avalara las capturas realizadas por las autoridades en Bogotá.
Petición de medida de aseguramiento
En el comunicado, la familia Cubides Alfaro agradeció a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a la ciudadanía por las acciones que permitieron la captura de los presuntos responsables. Sin embargo, enfatizó su preocupación por el desarrollo del proceso judicial.
“Pedimos a los jueces y a la Fiscalía que se haga justicia, lo que debe empezar con la imposición de una medida de aseguramiento intramural a todas estas personas”, señalaron en el documento.
Los familiares indicaron que han acompañado el proceso judicial y han colaborado con las autoridades, pero manifestaron inquietudes frente a posibles decisiones que permitan la libertad de los capturados mientras avanza la investigación.
“Somos conscientes de que existen presiones sobre las autoridades, por lo que tenemos temor fundado de que los capturados queden en libertan mientras se adelanta el proceso, poniendo en serio peligro a nuestra familia y a la comunidad en general”, expresaron.
Capturas y proceso judicial
Las capturas de los cuatro señalados se realizaron en operativos adelantados en las localidades de Bosa y San Cristóbal, en Bogotá, y fueron confirmadas por la Fiscalía General de la Nación el miércoles 25 de marzo de 2026. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron dos vehículos, tres teléfonos móviles y una tarjeta de operación de transporte público.
De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos fueron identificados como Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry; y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo.
Según el ente acusador, estas personas son investigadas por su presunta participación en la retención, hurto y homicidio del docente, ocurrido en enero de 2026 en la capital del país. Los cargos que enfrentan incluyen homicidio agravado, hurto calificado y secuestro extorsivo.
En las audiencias que se retomarán el 27 de marzo, la Fiscalía presentará la imputación formal y solicitará la imposición de una medida de aseguramiento contra los procesados.
Detalles del caso
Neill Felipe Cubides fue reportado como desaparecido el 15 de enero de 2026, luego de salir de la Clínica del Country, en Bogotá, donde se encontraba junto a su esposa y su hijo menor por una urgencia médica. Según el testimonio de su esposa, Denis Alfaro, la última vez que se le vio fue hacia las 10:10 p. m., cuando abordó un taxi al salir del centro médico.
Desde ese momento no se tuvo información sobre su paradero. Horas después, se registraron movimientos inusuales en sus cuentas bancarias, lo que llamó la atención de sus familiares. En total, se detectaron dos transferencias por cuatro millones de pesos cada una y una compra adicional por $250.000, realizadas en la madrugada del 16 de enero en sectores del sur de Bogotá.
El cuerpo del docente fue hallado el 16 de enero en una zona rural de Usme, en la vía hacia el sector de Soches. El hallazgo fue reportado por un transeúnte que alertó a las autoridades. Debido a las condiciones en las que fue encontrado, sin documentos personales y con afectaciones que dificultaron su identificación, el proceso forense se extendió durante varios días.
Finalmente, el 19 de enero, la familia confirmó su identidad en las instalaciones de Medicina Legal. Posteriormente, la Fiscalía indicó que el caso podría estar relacionado con la modalidad delictiva conocida como “paseo millonario”, en la que las víctimas son retenidas y obligadas a realizar transacciones bancarias bajo presión.
En su comunicado, la familia también expresó el impacto de los hechos y reiteró su llamado a que el caso no quede impune: “Nadie se puede imaginar el dolor de estos hechos, nadie puede entender cómo la vida puede cambiar en solo un segundo y cómo el dolor y la rabia se pueden apoderar de los corazones. No podemos permitir que estas personas sigan haciendo daño. No podemos permitir que otra familia sufra el horror de lo que nosotros estamos viviendo. No podemos permitir que la delincuencia continúe ganando terreno ni que personas buenas y trabajadoras sigan siendo víctimas de individuos sin corazón, que destruyen emocionalmente a familias colombianas como la nuestra".
“Que no queden más niños huérfanos y víctimas de la violencia e inseguridad que agobian y azotan a nuestro país, queremos y anhelamos vivir en paz”, concluyeron.