La irrupción violenta durante un evento cultural en el barrio Santa Marta de Usme, en el sur de Bogotá, reavivó el temor comunitario tras amenazas y extorsión atribuidas a sujetos que se identificaron como miembros de las antiguas AGC.
Este episodio evidencia la consolidación y expansión del Clan del Golfo y las tensiones entre las instituciones responsables de la seguridad, según información de Fundación Pares.
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La presencia del Clan del Golfo en Usme responde a una estrategia de tercerización criminal, utilizando bandas aliadas para ejecutar actividades ilegales y disputando territorios con grupos como el Tren de Aragua. Estos mecanismos han transformado tanto la seguridad de barrios como Santa Marta como el panorama de violencia en diferentes áreas de Bogotá.
Por su parte, la concejala de Bogotá Ana Teresa Bernal Montañez también denunció en sus redes sociales estos hechos.
“Este hecho no es aislado. Ya veníamos advirtiendo la aparición de grafitis en distintos puntos de la ciudad que sugieren la intención de estos grupos de posicionarse en la capital".
Y agregó: “Esta situación coincide con lo señalado en la Alerta Temprana 004 de 2024 de la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre el riesgo de expansión de estas estructuras en Bogotá. El control territorial del Clan del Golfo se ha manifestado en actos como el reciente ataque durante una jornada de rap organizada para entregar útiles escolares y ropa a niños del barrio”
Según Fundación Pares, individuos que dijeron pertenecer a las AGC irrumpieron exigiendo dinero a los organizadores y amenazándolos de muerte, lo que obligó a suspender el evento.
La comunidad también ha observado la aparición frecuente de grafitis alusivos al grupo, así como desalojos forzosos de propietarios. Estas acciones buscan afianzar el control social y territorial en el sur de la capital y han generado un impacto evidente en la vida cotidiana de los residentes de Santa Marta, según las denuncias.
Fundación Pares señaló que, aunque hay dudas sobre el uso explícito de la denominación AGC por los agresores —dado el interés del Clan del Golfo en desvincularse de ese nombre para afianzar su identidad política frente al Gobierno—, la gravedad de las amenazas es evidente. Además, la capacidad de estos grupos para intimidar a la población es evidente.
El fenómeno resalta la relevancia del Clan del Golfo como actor del crimen organizado en Bogotá y la sofisticación de su operación a través de la tercerización de actividades.
Expansión y estrategias criminales del Clan del Golfo en Bogotá
La presencia del Clan del Golfo en Bogotá no es nueva. Desde 2019, la Defensoría del Pueblo había alertado sobre esta organización, señalando su relación con bandas locales que ejecutan sicariatos, cobros extorsivos, distribución de drogas y reclutan menores para actividades ilícitas.
En Usme, el grupo busca controlar corredores estratégicos para el tráfico de drogas, armas y contrabando, estableciendo rutas hacia Usaquén, Ubaque, Choachí, La Calera y otros municipios. Otro corredor prioriza la línea occidental, conectando localidades como Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Suba.
La disputa territorial se intensificó desde 2021, especialmente frente al Tren de Aragua.
El grupo ha recurrido sistemáticamente a la tercerización con organizaciones como Los Paisas, Los Boyacos, Los Camilos y La Oficina de San Andresito. Estas bandas han protagonizado episodios de violencia, homicidios selectivos y masacres, especialmente en Santa Fe y Mártires, según la investigación de Pares.
El enfrentamiento con Los Satanás, una agrupación vinculada al Tren de Aragua, incrementó la inseguridad entre 2022 y 2023 y evidenció el alcance de estas redes criminales en la capital.
Debate institucional sobre la presencia del Clan del Golfo
En el plano institucional, existe confrontación respecto a la presencia y amenaza del Clan del Golfo en Bogotá.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre actividades de intimidación contra campañas políticas durante las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2024, y destacó la consolidación del Clan del Golfo y el Tren de Aragua en regiones clave.
En contraste, el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, negó cualquier injerencia del grupo y cuestionó las denuncias, calificándolas de “diarrea verbal”. Esta desautorización incluyó el trabajo del Sistema de Alertas Tempranas y las advertencias emitidas por la Defensoría del Pueblo.
Es esta diferencia entre unas y otras posturas la que permite afirmar que en Bogotá hay una falta de articulación institucional para el abordaje del fenómeno criminal. La tercerización y adaptación de los grupos armados a nuevas formas de operación complican tanto la detección como el seguimiento efectivo de su actividad.
El caso de Usme muestra la urgencia de que la Policía Nacional reconsidere su aproximación frente a las disputas territoriales y la evolución de las estructuras criminales. Fundación Pares subraya la necesidad de adoptar una visión integral para abordar los vínculos entre grandes organizaciones nacionales y bandas locales adaptadas al entorno urbano.
Solo un enfoque que reconozca la importancia de grupos como el Clan del Golfo permitirá responder de manera eficaz al deterioro de la seguridad y a los nuevos patrones del crimen organizado en Bogotá. Minimizar la sofisticación de estas redes compromete la capacidad estatal de proteger a la ciudadanía y recuperar el control sobre territorios vulnerables.