La minería ilegal de oro en Colombia ha devastado más de 94.000 hectáreas y contaminado al menos 1.120 ríos, con graves consecuencias ambientales y sociales.
Según un informe de inteligencia revelado por El Tiempo, este fenómeno, dominado por grupos armados ilegales, genera ingresos que podrían alcanzar los 8.414 millones de dólares en 2025, superando los obtenidos por el narcotráfico.
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La minería ilegal de oro ocasiona la destrucción de vastas zonas de selva y ríos esenciales, impulsa economías criminales más rentables que el narcotráfico y fortalece el control armado sobre extensos territorios. Esto dificulta la presencia estatal y amenaza la seguridad, el entorno y la economía de numerosos municipios colombianos.
Según el documento, el avance sostenido de la extracción ilícita se mantiene vigente en 20 departamentos, especialmente donde la institucionalidad es débil y el mercado internacional genera fuertes incentivos para las redes de contrabando, pues el precio por gramo de oro podría oscilar los 162 dólares.
El informe señala que existen tres modalidades principales: la extracción a cielo abierto, que deja grandes superficies degradadas; la minería de socavón, caracterizada por excavaciones subterráneas peligrosas; y el dragado de lechos de ríos, realizado con maquinaria pesada y escasa supervisión.
Contaminación de ríos y devastación ambiental
Uno de los aspectos más preocupantes para las autoridades colombianas es el uso de mercurio que afecta ríos como el Amazonas, Mira, Atrato, Cauca y Putumayo, todos entre los más impactados por las descargas de este metal en la actividad minera.
El informe revelado por el diario nacional indica que estos vertimientos comprometen ecosistemas de escala regional, extendiéndose por quebradas y cuencas, en particular en zonas de difícil acceso como Chocó, Amazonas y Putumayo.
Asimismo, las aguas contaminadas ponen en riesgo la biodiversidad, la salud de las poblaciones ribereñas y sus medios de subsistencia. La investigación de inteligencia destaca que el 85% de la producción nacional de oro tendría origen ilegal, profundizando el daño ambiental y social.
En cuanto a los ‘dueños’ del negocio, el control y las ganancias de la minería ilegal se estarían repartiendo entre distintos grupos armados ilegales. De acuerdo con el informe, organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias encabezadas por “Iván Mordisco”, el Clan del Golfo y grupos vinculados a la Segunda Marquetalia obtienen importantes rentas en varias regiones.
Por ejemplo, en el corredor conformado por Antioquia, sur de Bolívar y Córdoba, las ilícitas ganancias mensuales rozan 47 millones de dólares, de los cuales el Clan del Golfo concentraría alrededor de 33 millones de dólares, mientras que el ELN y el Estado Mayor Central recibirían una ‘tajada’ de siete millones aproximadamente.
Otras zonas clave —Chocó, Caldas, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Amazonas, Putumayo, Guainía, Boyacá, Santander y Norte de Santander— presentan esquemas similares, con beneficios para estructuras delictivas de la zona y redes criminales internacionales.
El atractivo precio internacional del oro, sumado a la limitada presencia estatal y al apoyo de redes de contrabando, permite que estas organizaciones consoliden y amplíen su influencia criminal en el país.
Por su parte, el documento de inteligencia revelado por El Tiempo reconoce que las medidas oficiales han tenido resultados desiguales. Según datos oficiales, en el primer trimestre de 2026 las capturas relacionadas con minería ilegal cayeron un 20% respecto al mismo periodo de 2025, al pasar de 290 a 231 casos. Muchos detenidos reciben solo cargos ambientales, lo que dificulta el combate judicial.
La incautación de combustible, fundamental para las operaciones ilegales, disminuyó un 28% (de 74.966 a 54.320 galones). Por el contrario, la confiscación de dragas se incrementó en un 87%, de 110 a 206 unidades, mostrando cierta eficacia contra la maquinaria clave de extracción aluvial.
Crecieron también los decomisos de maquinaria amarilla (de 47 a 111 unidades) y de motores, bombas y plantas eléctricas (de 542 a 820), así como el hallazgo de drones usados para la minería (11 unidades, frente a ninguna el año anterior). Las unidades de producción minera tipo socavón intervenidas aumentaron notablemente, de 151 a 707.
Sin embargo, disminuyeron la incautación de coltán y el número de bocaminas intervenidas (de 45 a 14), al parecer, por la gran complejidad que implica atacar a estos grupos armados que han logrado estructurar una economía ilícita altamente organizada, tecnificada y con amplia movilidad territorial.