El 17 de marzo de 2026, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0268 de 2026, Por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015, en relación con la prohibición de estabilización por medio del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) de los combustibles líquidos derivados del petróleo que se utilicen como materia prima para la producción de otros combustibles derivados del petróleo, incluidos aquellos destinados al uso en quemadores industriales
Con esto se marcó un importante cambio en la política de subsidios a los combustibles líquidos derivados del petróleo. La normativa establece la exclusión de los combustibles destinados a quemadores industriales y a la producción de otros combustibles del mecanismo de estabilización del Fepc. La decisión se toma en el marco de una estrategia para “evitar distorsiones en el mercado, focalizar los recursos públicos y fortalecer la sostenibilidad fiscal del fondo”, como lo expresa el comunicado oficial.
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El detonante principal de la medida fue el aumento dramático en el consumo de diésel subsidiado para industrias. Conforme a los datos oficiales, el consumo promedio mensual de diésel destinado a quemadores industriales en Colombia ascendió de 806.000 galones en 2023 a más de 8.200.000 de galones en 2024, con un registro de 7.870.000 galones mensuales a abril de 2025. La notable alza tuvo consecuencias fiscales importantes, ya que entre enero y abril de 2025 el impacto de este consumo sobre el Fondo fue de cerca de $131.000.000. La suma, destinada primero a estabilizar precios para los consumidores finales, terminó invirtiéndose en procesos intermedios industriales.
Al respecto, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, fue enfático al justificar la decisión. “Estamos tomando decisiones responsables para proteger los recursos públicos. El Fepc debe servir para estabilizar el precio de los combustibles que usan los colombianos, no para subsidiar procesos industriales que no trasladan ese beneficio al consumidor final”, dijo.
Palma también resaltó el efecto en la competencia. Según él, “con este decreto cerramos espacios a incentivos perversos que podían generar subsidios indirectos a ciertos actores del mercado. La política energética debe ser eficiente, progresiva y coherente con la sostenibilidad fiscal del país”.
Puntos claves del Decreto 0268 de 2026
El decreto parte de una serie de consideraciones constitucionales y legales. Cita el artículo 334 de la Constitución, que pone la dirección económica en cabeza del Estado “para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo”.
El texto enfatiza la finalidad social de los servicios públicos, con lo que indica que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Por eso, es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
A partir de esta base legal, y al estimar la función específica del Fepc, el decreto apunta que el fondo tendrá como función atenuar en el mercado interno el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales.
Ante la magnitud del problema y la presión sobre las finanzas públicas, el decreto señala que “ante la necesidad de ajuste fiscal ya descrita, así como la prioridad de optimizar la asignación de recursos para financiar el Fepc, siguiendo los principios de progresividad y eficiencia, resulta pertinente la focalización de recursos del mismo con la implementación de políticas públicas que garanticen que el mecanismo del Fepc opera en función de su motivación inicial”.
Y resalta el impacto negativo del subsidio de procesos industriales. Dice que ante la carga fiscal negativa asumida y, al considerar que el propósito del fondo radica en la estabilización de los precios para los consumidores finales, no para consumos intermedios de empresas productoras de otros combustibles derivados del petróleo, que podrían no trasladar el beneficio al consumidor final de la economía colombiana y sí podrían reflejarse en un aumento del excedente del productor, se determina que la prohibición del uso de combustibles estabilizados en la producción de otros combustibles derivados del petróleo permite que los recursos públicos sean usados eficientemente.
El decreto concluye sobre la trascendencia de la decisión: “La implementación de esta regulación no solo se ajusta a los marcos legales vigentes, sino que también representa una medida fiscalmente responsable que permitirá un uso más eficiente de los recursos públicos. En este sentido, se promueve que el gasto público esté alineado con los objetivos originales del fondo”.
Ante esto, el “enfoque racionaliza el gasto público y fortalece la sostenibilidad del Fepc a largo plazo”.
Artículo clave del decreto
El artículo clave del decreto agrega de manera explícita que “los combustibles líquidos derivados del petróleo que se utilicen como materia prima para la producción de otros combustibles derivados del petróleo, no podrán ser sujetos de estabilización del mecanismo del Fepc. El precio de los combustibles líquidos derivados del petróleo que se utilicen como materia prima para la producción de otros combustibles será establecido libremente entre los agentes”.
Y precisa excepciones. Dice que se exceptúan aquellos destinados al uso como materia prima para la producción de gasolina oxigenada con etanol anhidro y diésel y las mezclas con biocombustibles o con combustibles renovables.
Además, el Ministerio de Minas y Energía cuenta con un plazo de dos meses para definir los lineamientos que se requieran para la implementación de la medida, en especial, los términos para el reporte de información de los agentes y su control y vigilancia.