La senadora electa Karen Manrique se entregó el miércoles 11 de marzo a la Sijín en Tame, Arauca, en cumplimiento de la medida de aseguramiento decretada por la Corte Suprema de Justicia en medio del caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Pese a que la congresista se presentó voluntariamente ante la Policía, aún no existe una orden de captura formal en su contra. Sin embargo, ya se habrían iniciado los procedimientos para la legalización de la situación judicial, y se contempla su posible traslado a Bogotá, donde continuaría el proceso en su contra.
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Esta entrega desmiente rumores que circulaban minutos antes sobre una presunta fuga de la senadora hacia Venezuela por la frontera con Saravena. Manrique, que representa una de las curules de paz asignada al departamento de Arauca, fue reelegida recientemente con más de 5.000 votos en los comicios del pasado 8 de marzo. Su circunscripción incluye municipios como Arauquita, Fortúl, Saravena y Tame.
Postura de la defensa
En entrevista con La FM, el abogado Andrés Garzón, defensor de Karen Manrique, confirmó que su cliente “siempre ha estado dispuesta a presentarse a la justicia y a cumplir con los mandatos de la sala”, tras la decisión de la Corte Suprema de llamarla a juicio y ordenar la medida de aseguramiento.
Según Garzón, la senadora se encuentra en calma frente a la situación judicial porque, en sus palabras, “sabe que no cometió ningún delito”. El abogado calificó la medida de aseguramiento como “innecesaria”, señalando que Manrique es investigada “por un solo delito y por situaciones que no tienen nada que ver con la pérdida de dineros públicos”. Agregó que durante el juicio podrán demostrar que “no hubo ninguna actuación ilícita de Karen Manrique”.
A pesar de su posición jurídica, la defensa reiteró que acatará la decisión del alto tribunal: “Hay que presentarse y hay que poner la cara frente a la justicia”.
La investigación en la Corte Suprema
La investigación de la Corte Suprema apunta a que varios congresistas habrían condicionado su voto en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de contratos relacionados con la Ungrd. Los proyectos comprometidos alcanzarían un valor aproximado de 90.000 millones de pesos, destinados a municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
En el caso específico de Karen Manrique, se le señala de presuntamente intentar direccionar contratos de la entidad en Saravena a cambio de apoyar la aprobación de créditos internacionales solicitados por el Gobierno. Su nombre aparece en chats entregados a la Corte Suprema por María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien colabora con la justicia en el proceso.
La decisión de la Corte Suprema también ordenó la captura del congresista Wadith Manzur, recientemente elegido como senador con más de 134.000 votos el 8 de marzo. Ambos son investigados por el delito de cohecho impropio, dentro de un caso que involucra a otros congresistas llamados a juicio por su presunta participación en el mismo esquema: ellos son la senadora Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, así como al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán afrontando el proceso judicial sin restricción de la libertad.
“En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) en Córdoba, Arauca y Bolívar”, señala la decisión judicial.
Las autoridades continúan avanzando en las diligencias judiciales, mientras se espera que en las próximas horas se defina la situación del resto de los implicados en este escándalo que afecta al Congreso y a la gestión de contratos relacionados con la atención y prevención de emergencias en el país.