El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió públicamente a la demanda que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la que se busca que rectifique y se abstenga de insistir en la posibilidad de un fraude electoral en el país. En su pronunciamiento, el mandatario cuestionó el sistema informático utilizado en los procesos electorales y sostuvo que existen problemas de transparencia relacionados con el software y con la actuación de jurados de votación.
La demanda fue presentada por el abogado Ramiro Bejarano, que considera que las afirmaciones del presidente sobre posibles irregularidades en el sistema electoral afectan derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones democráticas. En ese proceso judicial también se solicitó una medida cautelar para que el mandatario se abstenga de poner en duda la transparencia del sistema electoral sin pruebas.
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Frente a este proceso, el presidente respondió con un mensaje en el que cuestionó la posibilidad de que se le limite su pronunciamiento sobre el tema. “¿Sin pruebas? ¿Están dispuestos a censurar al presidente de nuevo?”, expresó el mandatario en su publicación.
Cuestionamientos al software electoral
En su pronunciamiento, el jefe de Estado afirmó que ha planteado previamente la existencia de un desacato frente a decisiones judiciales relacionadas con el sistema informático de los procesos electorales. En ese sentido, mencionó una sentencia del Consejo de Estado emitida en 2018.
“He hablado de desacato de la registraduría a la sentencia del Consejo de estado del 2018 que obliga a tener un software del estado. Hoy han tercerizados el preconteo y escrutinio privado y no es la registraduría dueña del software. No permite auditarlo”, afirmó el mandatario.
En el mismo mensaje, el presidente sostuvo que la imposibilidad de auditar el software afectaría la transparencia del proceso electoral. “Si no se permite auditarlo no hay transparencia electoral hay opacidad en los algoritmos”, señaló.
Además, mencionó situaciones relacionadas con la actuación de jurados de votación durante el proceso electoral. “Y hoy hay una clara demostración de fraudes de jurados que se descubren en los escrutinios allí donde es posible abrir de nuevo las bolsas de votos”, indicó. El mandatario también hizo un llamado a los movimientos políticos para que presenten ante la justicia las denuncias que consideren pertinentes sobre irregularidades en formularios electorales. “Le solicito a los movimientos que tengan sus demandas por falsedad en los formularios allegarlos al tribunal de Cundinamarca como pruebas de fraude de jurados”, agregó.
Finalmente, en su pronunciamiento mencionó a la empresa contratista del sistema electoral: “Los señores de Thomas Greg and sons que no sueñen con censurar al presidente”, expresó en referencia a la compañía Thomas Greg & Sons.
En la acción presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el abogado Ramiro Bejarano sostiene que el discurso sobre un posible fraude electoral ha sido desmentido por distintas entidades y observadores internacionales.
Entre ellas se menciona a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que recientemente se pronunció sobre el proceso electoral colombiano. Según el demandante, la insistencia en esa narrativa “lacera profundamente los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, la seguridad jurídica y la transparencia del proceso electoral, así como la confianza legítima en las instituciones democráticas”.
La demanda, admitida en octubre de 2025, solicita que se adopte una medida cautelar que ordene al presidente abstenerse de poner en tela de juicio, sin pruebas, la transparencia del sistema electoral. La solicitud se presentó en el contexto de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas.
El 5 de marzo, el tribunal anunció que estudiará la solicitud de la medida cautelar y citó a una audiencia pública para escuchar los argumentos de las partes involucradas. En ese escenario participarán representantes de la Presidencia, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Consejo Nacional Electoral de Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría solicitó que se acceda a las pretensiones que buscan la adopción de la medida cautelar. Mientras tanto, el tribunal señaló que la función pública electoral implica una serie de actividades que se desarrollan antes, durante y después de los comicios, las cuales forman parte del servicio público administrativo relacionado con la organización electoral.
En su decisión, el tribunal indicó que, aunque las elecciones se celebraron el pasado 8 de marzo, el proceso electoral incluye etapas posteriores que aún deben surtirse. Por esa razón, consideró pertinente evaluar la solicitud de la medida cautelar planteada en la demanda.
Según la instancia judicial, “la eventual adopción de una medida cautelar tendrá sentido y guardará relación con la protección del derecho colectivo a la función pública electoral (confiabilidad del sistema electoral), en atención a las demás etapas electorales que deben surtirse en 2026”.
En la audiencia pública se analizarán los argumentos presentados por las partes que buscan que los jueces ordenen la “cesación inmediata” de las actividades que, según la demanda, podrían afectar el servicio público administrativo de la función electoral.