El partido Centro Democrático anunció que presentará una queja formal ante la Registraduría Nacional del Estado Civil por presuntas irregularidades en la seguridad de varias mesas de votación en el departamento de Caquetá, en medio de la creciente tensión que rodea la organización de las elecciones legislativas en Colombia.
La denuncia fue hecha por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien aseguró que en algunas zonas los integrantes de la Fuerza Pública no habrían podido ingresar para custodiar el proceso electoral.
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Según el exmandatario, el partido elevará la queja ante el registrador nacional Hernán Penagos para que se investiguen las condiciones de seguridad y se adopten medidas que garanticen el normal desarrollo de la jornada electoral en ese departamento del sur del país. La solicitud será radicada por el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo.
Uribe sostuvo que existen denuncias según las cuales en algunas mesas electorales del departamento no se habría permitido la presencia de soldados y policías, lo que, según dijo, genera preocupación sobre la transparencia y la seguridad del proceso.
“Hay mesas electorales en Caquetá a las cuales no han dejado llegar a los soldados y policías. La vigilancia la harán guardias campesinas que están trabajando bajo las órdenes de estos grupos terroristas”, afirmó el exmandatario.
El pronunciamiento se produce en un momento de creciente preocupación por la seguridad en el departamento de Caquetá, especialmente tras el asesinato de tres militares en un ataque ocurrido en zona rural del municipio de Cartagena del Chairá.
El hecho se registró cuando tropas que apoyaban labores relacionadas con la seguridad del proceso electoral fueron emboscadas por un grupo armado ilegal.
El ataque, atribuido por las autoridades a la estructura Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc que operan bajo el mando de Iván Mordisco, dejó tres soldados muertos y uno herido. Además, durante la acción armada los atacantes se llevaron armamento militar que era utilizado por las tropas desplegadas en la zona.
Este episodio elevó las alertas sobre la seguridad en varias zonas rurales del departamento, donde la presencia de grupos armados ilegales continúa generando riesgos para la organización de los comicios.
En el caso específico de Cartagena del Chairá, las autoridades militares habían desplegado tropas para custodiar la instalación de decenas de mesas de votación en áreas de difícil acceso.
Las denuncias del Centro Democrático también coinciden con advertencias hechas por autoridades regionales sobre posibles intentos de interferir en el proceso electoral.
El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, ha señalado que existen reportes sobre presiones de actores armados hacia líderes comunitarios para incidir en el comportamiento electoral en algunas zonas del departamento.
Según el mandatario departamental a Blu Radio, las autoridades recibieron información sobre contactos realizados mediante videollamadas a presidentes de Juntas de Acción Comunal con el objetivo de influir en las votaciones.
Estas denuncias ya fueron trasladadas a las autoridades competentes para su verificación e investigación.
En medio de este contexto, Uribe afirmó que la situación en Caquetá requiere una respuesta institucional que garantice la transparencia del proceso electoral.
Durante un encuentro con comunidades en la región, el exmandatario aseguró que el departamento se ha convertido en uno de los focos de preocupación frente a posibles irregularidades.
“Esta tierra de estos nobles colombianos caqueteños es hoy uno de los epicentros del fraude electoral. Unas elecciones que quieren imponer los terroristas con sus armas”, expresó el expresidente durante su intervención, en la que también cuestionó lo que considera falta de pronunciamientos de algunos sectores políticos frente a los hechos de violencia recientes.
Las elecciones legislativas en Colombia se realizarán el 8 de marzo y definirán la composición del Congreso de la República para el próximo periodo.
En departamentos como Caquetá, las autoridades han reforzado la presencia militar y policial como parte del llamado Plan Democracia, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad para la jornada electoral.