El autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, divulgó un comunicado en el que afirma que respetará los procesos electorales y que no intervendrá en el desarrollo de las próximas votaciones en el país.
El documento, fechado el 2 de marzo de 2026 y difundido a la opinión pública, incluye una serie de compromisos que, según el grupo, buscan garantizar que no habrá injerencia armada en la dinámica democrática.
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En el texto, la organización ilegal señala que sus integrantes no realizarán acciones para coaccionar, intimidar o condicionar el derecho al voto. También asegura que no impondrá candidatos, no vetará aspirantes ni financiará campañas políticas de manera directa o indirecta. Además, manifiesta que no restringirá la movilidad de ciudadanos, funcionarios electorales o aspirantes a cargos de elección popular.
El comunicado rechaza “cualquier forma de intervención armada” en la contienda electoral y menciona de forma explícita prácticas que históricamente han sido motivo de denuncias en distintas regiones del país, como el uso de la amenaza para influir en resultados o el confinamiento de comunidades. En ese sentido, el grupo sostiene que sus estructuras no incurrirán en ese tipo de conductas.
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La organización también hizo un llamado a otros actores armados para que asuman compromisos similares frente a la protección de la democracia durante el periodo electoral. De igual forma, solicitó a la comunidad internacional y a organismos de acompañamiento que realicen verificación y seguimiento al cumplimiento de lo anunciado.
Aunque el documento presenta el anuncio como un “gesto de voluntad política”, el Clan del Golfo continúa siendo una de las principales estructuras armadas ilegales del país y es señalado por las autoridades de mantener control territorial y economías ilícitas en varias regiones. El grupo ha sido vinculado a actividades como narcotráfico, minería ilegal y extorsión, y ha protagonizado enfrentamientos con la fuerza pública y otras organizaciones criminales.
En procesos electorales anteriores, distintas misiones de observación y autoridades han advertido sobre riesgos de presión armada en zonas donde operan grupos ilegales.
La Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) han insistido en la necesidad de reforzar la presencia institucional para evitar cualquier tipo de constreñimiento al elector.
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Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha emitido un pronunciamiento específico sobre el contenido de este comunicado en particular. Sin embargo, en reiteradas ocasiones ha señalado que la seguridad de las elecciones será una prioridad y que se mantendrán los operativos contra las organizaciones criminales que operan en el territorio.
Expertos en conflicto armado consultados en anteriores coyunturas han advertido que este tipo de pronunciamientos deben analizarse con cautela, ya que su cumplimiento depende de la capacidad real de mando sobre las estructuras en terreno y del comportamiento efectivo en las zonas de influencia. En varios departamentos, comunidades han denunciado en el pasado restricciones a la movilidad o presiones indirectas en contextos electorales.
El anuncio se produce en un contexto en el que las autoridades avanzan en la planeación del dispositivo de seguridad para los próximos comicios, con despliegue de Fuerzas Militares y Policía en puntos considerados críticos. Además, los organismos electorales han reforzado los canales de denuncia para reportar posibles irregularidades o amenazas.
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Mientras tanto, organizaciones sociales y de derechos humanos han insistido en que la garantía plena de participación política no depende únicamente de comunicados públicos, sino de hechos verificables sobre el terreno.
En ese escenario, la atención estará puesta en el comportamiento real de los grupos armados en las semanas previas y durante la jornada electoral.
El comunicado del Clan del Golfo se suma a otros mensajes difundidos en diferentes momentos por actores ilegales en medio de coyunturas políticas sensibles. Sin embargo, serán las autoridades y los mecanismos de observación los encargados de determinar si lo anunciado se traduce en condiciones efectivas para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto sin presiones ni amenazas.
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