La Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato más grande de la industria petrolera en Colombia, encendió las alarmas por una posible reducción en la inversión de Ecopetrol -empresa estatal de petróleo y gas- en los campos maduros ubicados en el Magdalena Medio.
El jueves 26 de febrero de 2026, los trabajadores se reunieron en las instalaciones de la refinería de Barrancabermeja (Santander) para manifestarse contra las decisiones que, según el sindicato, amenazan con impactar de manera directa tanto la estabilidad laboral como la economía de la región.
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El principal temor de la USO se centra en que la reducción de inversión propuesta afectaría directamente los campos maduros de Ecopetrol, es decir, aquellos que presentan una tendencia declinante en su producción.
La organización laboral indicó que se espera una disminución del Capex —representa la inversión de capital destinada a adquirir, mejorar o mantener activos físicos como plataformas, pozos y refinerías— en la inversión destinada a estos campos, lo que podría tener efectos devastadores en la producción de petróleo y gas, fundamentales para la economía nacional.
Según el presidente de la USO, Martín Ravelo, esta disminución no solo repercutiría en la actividad económica, sino también en el empleo dentro de la industria petrolera, advirtió en un video compartido en sus redes sociales: “La desinversión podría afectar a más de 100.000 empleos en la industria petrolera”.
“Denunciar el 30% del Capex de inversión en los campos maduros que son de propiedad de Ecopetrol, especialmente en el Magdalena Medio. Y, por otro lado, denunciar la amenaza, que nos ha sido manifestada de la entrega de buena parte de estos campos maduros a empresas privadas, despojando a Ecopetrol de la operación directa”, señaló el presidente del sindicato.
“Ecopetrol planea reducir sus inversiones en producción y exploración, lo que podría llevar a una disminución significativa en la producción de petróleo y gas”, señaló el sindicato por medio de sus redes sociales.
Entrega de campos maduros a empresas privadas
Un aspecto aún más crítico que señala la USO es la posible entrega de algunos de estos campos maduros a empresas privadas. De acuerdo con la información que maneja el sindicato, Ecopetrol tendría la intención de ceder la operación de campos petroleros clave a la empresa privada Montajes JM -una empresa propiedad de Jorge Moreno, que actualmente es investigado por la Fiscalía por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito-, lo que, según Ravelo, despojaría a la estatal de su control directo sobre estos activos estratégicos.
“Tenemos información, en principio, de que los campos petroleros que hoy son operados por Ecopetrol, que son operados por Ecopetrol, en la jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, de Nare y Teca, serán entregados a una empresa llamada JM. Y asimismo, se nos ha manifestado por fuentes confiables al interior de la empresa que en la lista se encuentran activos tan importantes para nuestra empresa”, dijo Ravelo.
Aseguró que, según sus fuentes internas, los campos que se verían afectados incluyen yacimientos tan importantes como Casabe, Provincia, Tisquirama, San Roque, Lizama, Llanito y Apiay.
Cabe destacar que su denuncia coincide con un reporte que fue presentado ante la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, según lo reportado por Caracol Radio. En dicho informe, se señalaba que Ecopetrol había considerado ceder la operación del campo Teca-Nare, un yacimiento que produce alrededor de 15.000 barriles diarios, a Montajes J. M.
Ravelo no dudó en calificar la posible entrega de estos campos como un “descalabro” para Ecopetrol, pues la estatal perdería el control de activos estratégicos que son esenciales para su estabilidad operativa. En este sentido, también alertó sobre las consecuencias laborales de esta decisión.
“Significaría una masacre laboral, porque obviamente los trabajadores de Ecopetrol no seguirían operando estos campos, y significaría la precarización laboral de los trabajadores de contratistas, cuyas reivindicaciones laborales nos ha costado tanto sacrificio construir”, denunció Ravelo.
El presidente de la USO explicó que esto se traduciría en una precarización de las condiciones laborales tanto para los empleados directos como para los contratistas, cuyas reivindicaciones laborales, según él, han sido el resultado de años de lucha.
En medio de estas denuncias, la organización sindical también lanzó un llamado al Ejecutivo, al que exigió que no desestimule la industria petrolera y del gas en el país: “La Unión Sindical Obrera está manifestando de cara al país la necesidad de no seguir desestimulando desde el Gobierno central la industria del petróleo y del gas y, por el contrario, fortalecerla, porque está de por medio la seguridad energética del pueblo colombiano”.