Aunque se encuentra compitiendo en la Gran Consulta por Colombia ―la coalición que definirá al único aspirante de la centroderecha para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026―, la senadora y aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia, respondió a los cuestionamientos sobre la persona que la acompañaría como su fórmula vicepresidencial.
En un video publicado en su cuenta de X, la candidata de la colectividad de oposición recalcó que esa decisión aún no se ha adoptado porque aún se desconoce la elección del pueblo colombiano en cuanto a la consulta interpartidista, que se desarrollará el 8 de marzo.
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“Todo el mundo me anda preguntando quién va a ser mi vicepresidente. Yo les contesto que uno no puede ensillar las bestias antes de cogerla. Todavía nos falta ganar esa consulta”, indicó Valencia.
No obstante, previsualizó lo que sería un resultado a favor, y enfatizó en que su primera opción sería el expresidente Álvaro Uribe Vélez, aún cuando en la actualidad se encuentra en la lista al Senado del movimiento político.
En su mensaje, Valencia aseveró que la eventual decisión respondería a las decenas de eventos que han desarrollado en el territorio colombiano junto con el exmandatario.
“Pero lo que sí es cierto es que hoy me levanté pensando que después de todo este recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él. ¿Ustedes qué piensan?”, aseguró.
Esta no es la primera vez que le hacen esta propuesta al exmandatario colombiano. En julio de 2025, Tomás Uribe, hijo del expresidente entre 2002 y 2010, propuso que su padre fuera candidato vicepresidencial del aspirante que, para ese momento, saliera con la victoria de la consulta del Centro Democrático.
“Él es el único líder que puede unir a la oposición democrática. Petro y Santos buscan neutralizarlo judicialmente antes de 2026, conscientes de que su participación, especialmente como vicepresidente, sería clave para derrotarlos”, asumió el empresario en su momento.
No obstante, el mismo ex jefe de Estado colombiano descartó dicha posibilidad. “No puedo considerar ser candidato a la vicepresidencia. No seré yo quien le cree al país una discusión institucional, justamente ahora que buscan acabar con las instituciones”, escribió Uribe en su momento en X.
Lo que dice la ley
La eventual candidatura de Álvaro Uribe a la Vicepresidencia de Colombia en 2026 ha provocado un intenso debate jurídico y político.
Una de las claves de este debate es el artículo 197, reformado en 2015, que vetó de manera categórica la reelección del presidente en Colombia, pero no incluyó ninguna mención expresa a la Vicepresidencia. Esta omisión ha servido de base a quienes consideran legítima una eventual postulación del exmandatario.
Abraham Bechara, constitucionalista, sostuvo que Uribe no estaría inhabilitado para aspirar al cargo de vicepresidente siempre que no incurra en las inhabilidades del artículo 179, entre las que se cuentan haber sido condenado penalmente o haber perdido investidura como congresista. Ninguna de esas condiciones impide hoy una candidatura de Uribe.
Por su parte, Francisco Bernate, docente de derecho, afirmó que aunque no hay impedimento legal para que Uribe sea candidato a la Vicepresidencia,existen ciertos limites para que ejerza dicho cargo.
"Pensemos en qué ocurre si, quien es electo como presidente, fallece o le ocurre alguna circunstancia que lo inhabilita para ejercer el cargo (...) en ese caso, quien ocupa la vicepresidencia, pues no podría asumir la presidencia y quedaríamos en una situación en la que termina asumiendo como presidente de los colombianos el presidente del Congreso”, indicó el jurista en diálogo con Infobae Colombia.
Entre tanto, el abogado electoral Alfonso Portela planteó que sería incoherente elegir un vicepresidente que, frente a la falta del titular, no pudiera ejercer el mando. Además, Portela, en declaraciones a medios de comunicación, advirtió que la inscripción electoral de Uribe podría ser objeto de impugnación precisamente por esa razón.
Por su parte, Alfredo Beltrán, expresidente de la Corte Constitucional, calificó la alternativa como “un absurdo jurídico y lógico” que podría burlar la voluntad de la Constitución