El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, José Ignacio López, afirmó que revertir el incremento del 23,7 % del salario mínimo podría resultar tan problemático como la manera en que se adoptó la determinación. La declaración se produjo luego de que el Gobierno confirmara que mantendrá esa variación para 2026, en medio del plazo de ocho días otorgado por el Consejo de Estado para revisar la decisión.
La información fue divulgada por Blu Radio, medio que recogió las declaraciones del dirigente gremial en un contexto marcado por el debate jurídico y económico sobre el ajuste salarial. El alto tribunal consideró que no se habrían cumplido varios criterios legales al momento de fijar el aumento.
Aunque desde ANIF han cuestionado desde el inicio los fundamentos empleados para definir el incremento, la postura actual del gremio apunta a que no existiría una alternativa distinta a aceptar el escenario ya configurado. López sostuvo que la revisión ordenada por el Consejo de Estado se da cuando la cifra ya ha sido incorporada en decisiones económicas.
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El dirigente explicó que, tras el anuncio oficial del nuevo salario mínimo, trabajadores, empresas y mercados financieros ajustaron sus proyecciones y compromisos con base en ese valor. En ese sentido, advirtió que modificar ahora la cifra podría generar efectos adversos.
“La reversa podría ser tan caótica como incluso la decisión no técnica del incremento”, afirmó López al referirse a la posibilidad de revertir el aumento. Con esa expresión, señaló que un cambio posterior al anuncio podría desencadenar desorden e incertidumbre similares a los derivados de una determinación adoptada sin los elementos técnicos suficientes.
El presidente de ANIF sostuvo que revertir el aumento del 23,7 % del salario mínimo generaría un escenario de desorden e incertidumbre en la economía. La advertencia se enmarca en el debate sobre la legalidad y los criterios utilizados para establecer el ajuste correspondiente a 2026.
López indicó que el llamado del Consejo de Estado resulta razonable desde el punto de vista institucional. Según manifestó, el incremento no habría contado con todos los elementos requeridos para sustentar una determinación de esa magnitud.
“Nos parece que el aumento fue una decisión no necesariamente técnica, más bien quizás de orden político”, señaló el presidente de ANIF. Con esa afirmación, cuestionó los fundamentos empleados en la fijación del salario mínimo.
De acuerdo con sus declaraciones, el pronunciamiento del alto tribunal también constituye un mensaje relacionado con el respeto a las reglas institucionales y la necesidad de explicar de manera detallada cómo se adoptan decisiones de impacto nacional. En su concepto, este tipo de discusiones deben apoyarse en criterios técnicos y transparentes.
López recordó que, si bien el incremento favorece a un segmento de trabajadores que devenga el salario mínimo, también puede generar efectos indirectos sobre el conjunto de la población. Entre esos impactos mencionó el posible aumento de precios, asociado a mayores costos para las empresas.
Además, señaló el riesgo de que el encarecimiento de la contratación formal derive en un incremento de la informalidad o en dificultades para mantener ciertos puestos de trabajo. En su planteamiento, los mayores costos laborales podrían incidir en las decisiones de las compañías.
El dirigente gremial advirtió que el incremento puede traducirse en aumentos de precios y mayores presiones sobre el empleo formal. Estas consideraciones forman parte del análisis que ha sostenido ANIF desde que se anunció el ajuste del 23,7 %.
El presidente de la asociación también indicó que el episodio debería abrir una discusión más amplia sobre el mecanismo mediante el cual se define el salario mínimo en el país. En particular, hizo referencia a la ausencia de participación de los trabajadores informales en el proceso de concertación.
Según explicó, aunque la fijación del salario mínimo se realiza en una mesa específica, las decisiones adoptadas impactan no solo a quienes participan en esa instancia, sino también a otros sectores de la economía que no tienen representación directa en la discusión.
López subrayó la necesidad de fortalecer la institucionalidad que regula este procedimiento, de manera que las decisiones cuenten con soportes técnicos suficientes y contemplen sus efectos sobre diferentes grupos de la población.