El debate sobre la gestión de la movilidad en Bogotá escaló a un nuevo nivel tras la denuncia pública del concejal Julián Forero, que sostiene que la ciudad prioriza el recaudo económico sobre la protección de la vida y la seguridad vial.
Forero señaló que lo que antes se percibía como desconfianza, ahora es una realidad que afecta diariamente a miles de bogotanos, atrapados en trancones, expuestos a riesgos y sometidos a un sistema de control centrado en la generación de ingresos a través de multas, cámaras y embargos.
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Según datos oficiales citados por el concejal, en 2025 la Administración distrital recaudó más de $245.000 millones en fotomultas, destinando menos del 15% de esos recursos a programas de pedagogía y prevención. Forero cuestionó que, pese a estas cifras, las muertes en las vías sigan siendo habituales, lo que, a su juicio, evidencia que las políticas de control no están logrando reducir la siniestralidad.
El presupuesto asignado a educación y seguridad vial ha disminuido, mientras que los recursos para control, sanciones, tecnología y operación administrativa han aumentado de manera sostenida.
En palabras del concejal, “no es posible que en la ciudad donde más se recauda por multas, la gente siga muriendo en las vías y atrapada en trancones eternos. Esto no es gestión, esto es abandono”. Forero enfatizó que la prioridad de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán parece ser el cobro al ciudadano, dejando de lado la construcción de soluciones reales para la movilidad.
La denuncia resaltó que la instalación de cámaras de fotodetección se incrementó y que la implementación de embargos masivos a los ciudadanos se ha vuelto recurrente, sin que esto se traduzca en mejoras palpables de la movilidad ni en avances sustantivos en seguridad vial. La percepción de persecución hacia los conductores se acentúa conforme aumentan las restricciones y sanciones, en un contexto donde, según Forero, gobernar “no es llenar la ciudad de comparendos”, sino “salvar vidas, mejorar la movilidad y respetar a los ciudadanos”.
Este modelo de gestión, según el concejal, generó una creciente desconfianza sobre a quién beneficia realmente el sistema: si a los ciudadanos o a los privados vinculados al negocio de las multas y las cámaras. El argumento central es que lo que debió ser una política orientada a salvar vidas terminó convertida en una “máquina de recaudo contra el ciudadano”. Forero ha insistido en que Bogotá requiere “liderazgo, soluciones y una movilidad pensada para la vida, no para el negocio”.
La tensión política se intensificó el 10 de febrero, cuando Forero presentó una moción de censura contra la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, tras dos años de denuncias ante entes de control y el Concejo sobre presuntas irregularidades en la dependencia.
Entre los motivos expuestos para solicitar la separación del cargo figuran irregularidades en contratos de grúas, patios y señalización, procesos contravencionales con presunta vulneración de derechos y del debido proceso, y la falta de devolución de dinero a conductores absueltos de comparendos.
La moción de censura también se sustenta en la existencia de más de 400 denuncias por suplantación para permisos de pico y placa dirigidos a personas con discapacidad, así como en acusaciones de abuso de autoridad por parte de agentes de tránsito, imposición de comparendos fuera de servicio y ausencia en audiencias.
Forero denunció además el enfoque punitivo de las cámaras de fotodetección, que priorizan la sanción sobre la reducción de la siniestralidad, y el incumplimiento de instancias de diálogo y concertación previstas en la ley, como la Mesa de Conductores y la Comisión de Tránsito.
Otras problemáticas señaladas incluyen la falta de garantías en zonas de parqueo, semáforos dañados y vías en mal estado que no reciben atención oportuna, así como la baja ejecución del Plan de Desarrollo en materia de movilidad, que según cifras oficiales solo ha alcanzado entre el 10% y el 40% de cumplimiento, con un promedio cercano al 30%.
La Contraloría de Bogotá respaldó parte de estas denuncias al detectar posibles irregularidades en la gestión de la Secretaría. Entre los hallazgos más relevantes figuran un contrato por $6.500 millones con ETB para consultas al Runt, considerado injustificado, y $180 millones en planes de datos para bodycam sin justificación clara. También se identificaron incumplimientos en la exoneración de cobros de grúas y patios a ciudadanos no infractores y deficiencias en el proyecto de zonas de parqueo pago por más de $16.000 millones.
Forero concluyó que la ciudadanía “merece soluciones reales, no excusas ni intereses particulares”, afirmando que la movilidad es un derecho fundamental y que la gestión actual hace que Bogotá siga pagando los costos de una política orientada al recaudo y no a la protección de la vida ni a la mejora de la calidad urbana.