El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó la destitución del general Edwin Urrego como comandante de la Policía Metropolitana de Cali, en medio de una polémica que ha marcado un punto crítico en la relación entre el Gobierno y la Fuerza Pública.
La decisión, anunciada tras el Consejo de Ministros en Córdoba, está vinculada a presuntas irregularidades en las que altos mandos policiales habrían intentado sabotear una reunión internacional del mandatario con su homologo estadunidense, Donald Trump, según informó el Ejecutivo.
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Durante la sesión del gabinete, el presidente Petro reveló que existían informes de inteligencia que señalaban la intención de introducir sustancias alucinógenas en uno de los vehículos del esquema presidencial, con el supuesto objetivo de afectar un encuentro programado entre Colombia y Estados Unidos en la Casa Blanca, con el expresidente Donald Trump.
“Hay un general que ordené retirar de la Policía. Tiene una misión extraña, alguien le dio la orden —no, obviamente no nosotros— para ponerme sustancias psicoactivas en el carro. Y tenían como misión destruir la reunión con Trump, de alguna manera u otra. Ya se destituyeron varios. Pero eso me coloca en una situación de alarma y con esto peor. Además, hubo acciones en contra de órdenes de captura, incluso con el intento de poner a mi hijo preso en diciembre. Esto viene desde octubre del año pasado”.
A raíz de estas alertas, el presidente decidió retirar de manera inmediata a Urrego del servicio activo y delegar la evaluación de sus servicios a instancias oficiales, formalizado recientemente mediante el decreto 0147.
Según el decreto, emitido el 11 de febrero por el Ministerio de Defensa Nacional, el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza fue retirado “por llamamiento a calificar servicios”. Esta figura legal, contemplada en la Ley 857 de 2003, permite que oficiales y suboficiales de la Policía Nacional cesen en la obligación de prestar servicio sin perder su grado, especialmente cuando cumplen con los requisitos para acceder a la asignación de retiro.
En el caso de Urrego, la certificación de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional indica que el oficial cuenta con más de 31 años de servicio, por lo que continuará dado de alta en la pagaduría durante tres meses, según lo establece el artículo 145 del Decreto 1212 de 1990.
La decisión de Petro se basa, según el Gobierno, en informes suministrados por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que identificaron a un grupo de uniformados activos que presuntamente seguían instrucciones para interferir en la agenda presidencial.
Entre los señalados, además del general Urrego, se menciona al teniente coronel Óscar Miguel Moreno Arroyave, aunque las autoridades no han detallado el alcance de las investigaciones ni la participación directa de cada funcionario, de acuerdo con Caracol Radio.
El teniente coronel Moreno Arroyave se ha desempeñado como comandante de la Policía del Distrito Riomar, ubicado en la zona norte de Barranquilla. Intentos de obtener una postura oficial sobre la materialización de la llamada “operación de sabotaje” quedaron sin respuesta, ya que el director de la DNI, René Guarín, bloqueó el contacto al recibir la consulta, según el medio citado.
En entrevista con Blu Radio, el general retirado Urrego rechazó las acusaciones y manifestó sorpresa ante los señalamientos del presidente. “Realmente estoy sorprendido de lo que se está presentando y de lo que manifiesta hoy en día el señor presidente”, aseguró. El oficial subrayó que durante más de 30 años de carrera se ha conducido con apego a la ley y en beneficio del país.
“Lo único que he hecho por este país es trabajar con lealtad por Colombia, por los colombianos y por mi Policía Nacional. Nunca haría algo deshonesto que dañe mi honra o mi nombre”, enfatizó.
Urrego también manifestó su disposición a someterse a pruebas de verificación, como el polígrafo, para esclarecer los hechos.
“No tengo ningún contacto con el esquema ni con el jefe de seguridad. Esa protección es manejada directamente por Casa Militar”, explicó, desestimando cualquier vinculación con la presunta intención de sabotaje mencionada por el Ejecutivo.