La Fiscalía General de la Nación informó la mañana del lunes 9 de febrero de 2026 la radicación de imputación de cargos contra Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior, y Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de la Fundación Universitaria San José, por presuntas irregularidades en la expedición de títulos en la Fundación Universitaria San José.
El caso se relaciona directamente con la obtención de documentos académicos que Guerrero presentó al asumir el cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.
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La fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera explicó que los títulos de Contadora pública y Tecnóloga en Gestión Contable, utilizados por Guerrero para su nombramiento, habrían sido expedidos sin cumplir los requisitos legales correspondientes.
“Se trata de documentos publicados en el Sigep en agosto de 2025 y expedidos el 1 de julio sin el lleno de los requisitos legales”, detalló la funcionaria.
La investigación señala que Guerrero no asistió a clases ni presentó las pruebas Saber, elementos fundamentales exigidos en el proceso académico.
“No asistió a sus clases y tampoco presentó las pruebas Saber, por lo menos hasta la hora acreditado en la investigación”, expresó la fiscal.
Por estos hechos, el ente acusatorio imputará a ambos procesados los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Además, solicitará medida de aseguramiento privativa de la libertad con detención domiciliaria, considerando la gravedad de las acusaciones y la contundencia de las pruebas recaudadas.
La Fiscalía espera que los jueces avalen su acusación, con base en la documentación y testimonios recopilados durante el proceso.
Tras lo anterior, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza celebró la decisión de la Fiscalía de imputar cargos y solicitar detención contra Juliana Guerrero y Luis Gutiérrez por presunta falsedad en documento público y fraude procesal.
“A raíz de mi denuncia penal, la fiscalía pide detención e imputa cargos”, afirmó Pedraza a través de sus redes sociales, refiriéndose al caso que involucra la expedición irregular de títulos académicos utilizados por Guerrero para ocupar cargos oficiales.
Pedraza destacó la importancia de su labor legislativa y manifestó su compromiso con la transparencia.
“A esto vinimos al Congreso: a destapar ollas podridas de corrupción y a legislar para la gente”, expresó la senadora, asegurando que continuará su trabajo de control político y vigilancia desde el Senado.
La investigación motivada por la denuncia de Pedraza impulsó la acción judicial, subrayando la relevancia de la denuncia ciudadana en la lucha contra la corrupción.
En un video publicado en X, Pedraza resaltó que este avance judicial se presenta en un contexto donde, “el control desde el Congreso sí sirve” para combatir la impunidad en casos de corrupción de alto perfil.
La representante expresó que este resultado evidencia la utilidad de las investigaciones legislativas y subrayó la dimensión del escándalo al afirmar que “no estamos hablando de una manzana podrida, estamos hablando de una práctica sistemática”.
La congresista resaltó la existencia de 779 casos irregulares de funcionarios y contratistas públicos que habrían obtenido títulos de manera irregular en la Fundación Universitaria San José.
No obstante, Pedraza cuestionó que la Fiscalía General de la Nación no haya extendido la imputación a Francisco Pareja ni a los representantes legales de la institución universitaria.
“¿Por qué la Fiscalía no vincula esta imputación a Francisco Pareja y a los representantes legales de la Fundación Universitaria San José?”, preguntó la parlamentaria, señalando la necesidad de una investigación más amplia sobre los responsables de estos hechos.
En paralelo a la decisión judicial, la congresista dio a conocer que el presidente Gustavo Petro respondió a su solicitud de retirar a Juliana Guerrero del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar (UPC), organismo donde Guerrero actúa como delegada del mandatario.
Pedraza relató que Petro manifestó que “llueva, truene o relampaguee, la va a seguir atornillando en este cargo”, reacción que generó críticas entre sectores estudiantiles de la UPC que reclaman la salida de Guerrero.
La congresista concluyó sus declaraciones señalando la indignación de los estudiantes y docentes de la UPC, quienes han denunciado que la situación afecta la legitimidad de sus títulos académicos y la dirección institucional.
“Estamos hablando de estudiantes que de verdad están estudiando diez semestres para sacar adelante ocho semestres, una maestría, un doctorado, profesores universitarios dirigidos por una tramposa que compró títulos”, aseveró.