La Procuraduría General de la Nación ha dado un paso formal en la vigilancia de la contratación estatal en el municipio de Segovia, Antioquia, al abrir una indagación para examinar posibles anomalías en la contratación de asesoría jurídica externa.
Según informó el Ministerio Público, este hecho surge tras detectar que, desde el año 2021, la administración municipal habría recurrido reiteradamente a una sola firma para estos servicios.
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Según la información inicial, la suma total comprometida por el municipio supera los 17.750 millones de pesos, distribuidos en 17 contratos firmados en distintos periodos fiscales. Esta reiteración en la escogencia de un mismo proveedor ha despertado inquietudes sobre la transparencia y la legalidad de los procedimientos.
Sin embargo, la Porcuraduría advirtió que analizarán con detención lo ocurrido a lo largo del año fiscal 2025. Según indicó el Ministerio Público, en ese periodo, la alcaldía habría suscrito seis contratos por más de 6.800 millones de pesos, algunos de ellos con adiciones presupuestales.
Entre los servicios contratados se incluyen representación judicial, gestión de obligaciones tributarias y trámites de cobro coactivo.
Ante el panorama, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Puerto Berrío ha ordenado la recolección de pruebas con el fin de identificar a los posibles responsables y determinar si existieron faltas disciplinarias en el proceso. El objetivo es verificar la legalidad de las actuaciones y esclarecer si las conductas observadas constituyen infracciones al régimen de contratación pública.
La Procuraduría formula cargos disciplinarios contra profesor de la Universidad de Antioquia
La Procuraduría General de la Nación activó su poder disciplinario formalizando un pliego de cargos contra un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia por señalamientos de presuntos abusos sexuales, un proceso que busca afianzar los mecanismos de denuncia y protección para víctimas en entornos educativos, tras los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional para el abordaje de estos casos.
Ahora, el docente debe responder ante cargos formales y participar en la etapa de descargos y pruebas, lo que da el inicio del trámite disciplinario dentro de la universidad. De acuerdo con la Procuraduría, la formulación del pliego implica el compromiso de “garantizar la protección de la identidad de las personas denunciantes, evitar la revictimización y sancionar a los responsables”.
La apertura de este proceso tuvo lugar el 3 de febrero de 2026, cuando la Procuraduría firmó el pliego de cargos y notificó oficialmente al profesor, luego de recibir las denuncias directas de varias estudiantes que, pese a las dificultades propias de este tipo de situaciones, aportaron pruebas y testimonios.
Según el procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, “Acabamos de firmar en la Procuraduría un pliego de cargos contra un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, señalado por abuso sexual contra varias estudiantes. Ellas presentaron la denuncia y avanzaron en el proceso pese a diversas dificultades. Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de pliego de cargos”.
La institución recalcó que los docentes de colegios y universidades públicas ejercen funciones de autoridad y, como tales, están sujetos a control disciplinario en casos vinculados a acoso o abuso sexual.
En ese sentido, resaltó la instrucción emitida por la Corte Constitucional, que exige incorporar perspectiva de género en el desarrollo de la investigación y tomar medidas contra la revictimización y el traslado institucional de responsabilidades.
“La Corte Constitucional, para este caso, ordenó aplicar perspectiva de género en la investigación, evitar la revictimización y eliminar la práctica de traslado institucional de responsabilidades”, detalló Osuna.
La Procuraduría insistió en la necesidad de consolidar canales de denuncia efectivos y en garantizar el respaldo y la confidencialidad a quienes se animen a manifestar hechos similares.
“Esta Procuraduría mantiene el compromiso de trabajar para erradicar el abuso sexual cometido por autoridades públicas. Los profesores de universidades y colegios públicos son autoridades públicas y existen reportes de abusos y acoso sexual en estos entornos. La Procuraduría ofrece canales para recibir denuncias, garantizar la protección de la identidad de las personas denunciantes, evitar la revictimización y sancionar a los responsables”, señaló la entidad en un comunicado.
El organismo enfatizó su disposición a recibir testimonios de la comunidad universitaria y a proteger integralmente a las víctimas. El pliego de cargos obliga al docente investigado a responder a las imputaciones y da paso a la recolección de pruebas, bajo plena observancia de las garantías constitucionales y legales.