Un reciente ajuste en el precio de la gasolina, según el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, busca aliviar el bolsillo de los colombianos, sin embargo, a pesar de que tenia que empezar a regir el 1 de febrero de 2026, la orden aún no ha sido acatada en varias regiones del país, por lo que las entidades correspondientes deciiditeron tomar medidas al respecto.
En un comunicado de la Supeintendencia de Industria y Comercio (SIC) que fue emitidio en horas de la mañana del 5 de febrero de 2026, el ministro Edwin Palma resumió la estrategia oficial en un encuentro interinstitucional:
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“Estamos aquí con la Superintendente de Industria y Comercio para reforzar las acciones articuladas que garanticen el cumplimiento de la medida adoptada por el Gobierno nacional de reducir el ingreso al productor de la gasolina corriente, una decisión política del presidente Gustavo Petro, adoptada dentro del marco legal vigente y cuyo propósito es proteger el bolsillo de los colombianos”.
El despliegue de inspección pretende atender las diferencias observadas tras el anuncio, ya que—como sostuvo la superintendente Cielo Rusinque—“luego de una revisión inicial y transcurridos cuatro días, hemos constatado que no todos los agentes del mercado la han aplicado. Por ello, en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía, adelantaremos acciones de verificación en el territorio nacional para verificar que la reducción se refleje efectivamente en el precio final de la gasolina corriente”.
El informe oficial con corte al 4 de febrero indica que, en promedio, cerca de 25 ciudades principales muestran una reducción aproximada de $300 por galón, frente a los $500 por galón dispuestos por el Gobierno Nacional desde el 1 de febrero de 2026.
Mientras tanto, en los cerca de 1.100 municipios restantes del país, no se han hallado condiciones económicas que justifiquen un retraso en la implementación de la medida y se enfatiza que este ajuste debe verse reflejado de forma inmediata en el monto pagado por los consumidores.
El llamado oficial se amplía a quienes puedan detectar anomalías: el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Industria y Comercio piden a la ciudadanía continuar reportando cualquier irregularidad para garantizar “la efectividad de esta medida para que tenga la repercusión positiva buscada por el Gobierno en los bolsillos de los consumidores colombianos”, según ambas entidades.
Sanciones para las estaciones de gasolina que se nieguen a rebajar los $500
Desde el 1 de febrero, todas las estaciones de gasolina en Colombia están obligadas a implementar una reducción de $500 por galón en el precio de la gasolina corriente, conforme a una orden del Gobierno nacional tras el cierre del déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Fepc).
El Decreto 4299 de 2025 establece que el incumplimiento de esta rebaja acarreará multas de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), amonestaciones y la posible cancelación temporal o definitiva de la licencia de comercialización,
Además, la normativa prevé que las estaciones sancionadas pueden ser bloqueadas del SICOM (Sistema de Información de Combustibles Líquidos), impidiéndoles adquirir y vender combustibles en todo el país.
Por otra parte, la agremiación nacional Somos Uno solicitó a las autoridades un “operativo estructural” para asegurar la aplicación inmediata de la rebaja, y subrayó la necesidad de que se respete el precio de adquisición del inventario existente antes de realizar ajustes al consumidor.
En una comunicación con La República, la organización expresó: “Reiteramos nuestra voluntad de colaborar con el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Industria y Comercio y demás autoridades competentes para fortalecer la claridad en los procesos de inspección, asegurar que las medidas se implementen bajo criterios técnicos con el propósito de proteger simultáneamente al consumidor final y la sostenibilidad del sector”.
La asociación también pidió que ningún minorista sea forzado a vender por debajo de su costo, solicitando lineamientos que consideren la operatividad real de la cadena de distribución y que los procesos de inspección y sanción se basen exclusivamente en criterios técnicos.