Las advertencias de la Misión de Verificación de la ONU sobre la seguridad electoral en el proceso de elecciones en Colombia de este año resuenan con fuerza. Miroslav Jenča, representante especial del Secretario General de la ONU y jefe de la misión, señala el “riesgo a la participación de los votantes en las elecciones”.
El diplomático, según registró El Tiempo, insiste en la urgencia de medidas estatales en regiones como Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Caquetá, Norte de Santander, Guaviare y Medellín. Allí, la presencia de grupos armados y el deterioro de la seguridad plantean amenazas tanto para los ciudadanos como para los candidatos.
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Desde la firma del acuerdo de paz, han sido asesinados 487 excombatientes; solo en el último año, se registraron cuarenta y cinco homicidios, lo que representa un aumento del 36% en comparación con 2024, según cifras oficiales de la misión.
“La situación se ha deteriorado en varios territorios. Hay grupos disidentes, grupos armados, que controlan territorios”, sostiene Jenča. Agrega: “Uno de los resultados negativos es el número más grande de choques entre los grupos armados compitiendo por el territorio, control y también con el Gobierno”.
La misión observa, detalla Jenča, “la necesidad del Estado, de las fuerzas públicas, de redoblar sus esfuerzos especialmente ahora para garantizar la seguridad de los votantes, los candidatos y las fuerzas políticas en el proceso electoral que se aproxima”.
Entre los riesgos concretos, menciona: “Lo que nosotros aquí vemos es el riesgo a la participación de los votantes en las elecciones. Poder elegir sus representantes en estas curules de paz. También seguridad de los votos y los traslados”.
Respecto a la implementación del acuerdo de paz y las nuevas funciones de la misión tras la reducción de presupuesto y personal ordenada por el Consejo de Seguridad, Jenča enfatiza: “Estoy muy orgulloso por lo que la misión logró alcanzar en todos estos pilares. Si hablamos de reincorporación, más del 80%, más de 11.000 firmantes siguen en el proceso. Es una cifra muy importante”.
Subraya el compromiso de los excombatientes: “Recibimos una cifra por parte de la agencia de reincorporación y normalización que dice que tienen en sus familias más de 9.900 hijos e hijas. Esto solamente confirma su dedicación a la paz”.
El jefe de la misión reconoce las incertidumbres: “Ahora sí hablo de los retos: hay mucha incertidumbre sobre el futuro de este proceso de paz”. Hace un llamado a la nueva administración, que inicia en agosto de este año, para que continúe la implementación del acuerdo: “Hay un periodo de implementación de quince años, entonces le toca a la administración que viene continuar la implementación”.
Sobre la reforma rural integral, Jenča destaca avances en la adjudicación de tierras: “Lo que pude ver en las regiones es que los firmantes ya reciben sus parcelitas donde pueden construir sus casas. Pueden dedicarse a una economía legal, lícita”.
Advierte que este proceso no debe valorarse como un logro aislado, pues la seguridad jurídica sobre la tierra confirma el avance de las instituciones estatales en las regiones.
Sin embargo, reconoce que “lo que hemos visto aquí durante años, y hablamos desde la misma firma del acuerdo de paz, es la falta de la presencia del Estado en las regiones, en los territorios. Con este vacío, los grupos armados tomaron la iniciativa, aprovecharon la situación y llenaron estos territorios”.
En cuanto a la participación democrática, Jenča puntualiza: “Uno de los logros muy importantes de la implementación del Acuerdo de Paz fue la ampliación del espacio democrático. En palabras simples, más gente pudo votar, especialmente en áreas vulnerables. Se crearon dieciséis curules de paz”.
La colaboración con organismos nacionales es fundamental. “Aquí trabajamos junto con la Defensoría del Pueblo, cuerpo diplomático, para relanzar el llamado a una política de paz, una política de poder llevar a cabo elecciones libres y pacíficas”, explica Jenča.
Recuerda el asesinato de Miguel Uribe Turbay, candidato presidencial en el 2025, como “un momento muy importante”, lo que agrava la preocupación por el proceso electoral, sobre todo en zonas fronterizas y rurales.
Al analizar las políticas estatales y el compromiso institucional, Jenča expone: “Muchas veces la gente lo ve como un logro aislado. A mí me parece que la reforma rural integral, la adjudicación de tierras, la seguridad jurídica de posesión de las tierras y de las casas habla sobre un proceso más amplio. Hablamos sobre la presencia de las instituciones del Estado en las regiones”.
Resalta la importancia de no limitar los avances únicamente a cuestiones de seguridad, ya que se requiere “una solución integral, económica, social e institucional para de veras crear las condiciones para una vida sostenible en paz”.
El jefe de la misión sostiene que “lo más importante es la implementación del acuerdo de paz en su totalidad y mi llamado sería a las fuerzas políticas y sociales a enfocarse en la implementación cabal, integral y coordinada del acuerdo. Es necesario para construir la paz en Colombia”.
Jenča concluye el acuerdo de paz representa una ruta definida hacia la reconciliación nacional y la estabilidad, siempre que se mantenga el esfuerzo institucional en todo el territorio colombiano.