La Procuraduría General de la Nación envió una comunicación formal a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y al director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, en la que planteó advertencias sobre los riesgos asociados a eventuales modificaciones en las normas que regulan los slots aeroportuarios en Colombia, según informó Semana.
El documento, de cuatro páginas, expone consideraciones jurídicas, técnicas y operativas frente a posibles ajustes en el régimen que ordena la asignación de franjas horarias para aterrizajes y despegues.
En la carta, el ente de control señaló que cambiar el marco regulatorio de los slots sin reglas claras, técnicas y estables podría generar afectaciones en la planeación de las aerolíneas y en la previsibilidad del sistema aeroportuario.
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La Procuraduría recordó que desde hace más de una década el país ha aplicado estándares técnicos aceptados internacionalmente, los cuales han permitido una gestión organizada de la capacidad aeroportuaria, en especial en terminales con altos niveles de congestión como el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.
El documento advierte que ese esquema ha contribuido a la previsibilidad operativa, el crecimiento de la conectividad aérea y la protección de los derechos de los usuarios, elementos que podrían verse impactados si se introducen modificaciones sin sustento técnico suficiente.
En ese sentido, el Ministerio Público subrayó que cualquier ajuste debe preservar la coherencia con los referentes internacionales que regulan la asignación y el monitoreo de slots en aeropuertos congestionados.
La Procuraduría también alertó sobre riesgos de alineación con estándares internacionales, al advertir que una eventual desarticulación de esos parámetros podría generar inconsistencias frente a los modelos adoptados globalmente para administrar la capacidad aeroportuaria. De acuerdo con el ente de control, esa situación podría derivar en incertidumbre regulatoria y en dificultades para la operación de las aerolíneas que utilizan aeropuertos colombianos como puntos estratégicos de conexión.
Otro de los aspectos señalados en la comunicación tiene que ver con posibles contingencias en rutas y frecuencias, las cuales podrían producir efectos directos sobre los usuarios del transporte aéreo, la conectividad regional y el desarrollo económico. La Procuraduría indicó que cambios no suficientemente sustentados podrían alterar la oferta de vuelos, afectar itinerarios y generar impactos en regiones que dependen del transporte aéreo para su integración económica y social.
El Ministerio Público también planteó que la ausencia de criterios objetivos, soporte técnico adecuado y espacios de participación para los actores del sector podría derivar en controversias administrativas o judiciales. Según el documento, esos escenarios podrían afectar la estabilidad del sistema aeroportuario y generar litigios relacionados con la asignación de slots, la competencia entre aerolíneas y la seguridad jurídica del sector.
En medio de estas advertencias, la Procuraduría solicitó al Gobierno nacional remitir información detallada sobre los estudios técnicos existentes, así como sobre documentos internos o proyectos normativos orientados a modificar el régimen de asignación y seguimiento de los slots. También pidió conocer el estado de avance de esos análisis, las entidades responsables de su formulación y los criterios técnicos que se estarían evaluando para eventuales ajustes.
Adicionalmente, el ente de control requirió información sobre los mecanismos previstos para garantizar la participación de los actores del sector aéreo, incluyendo aerolíneas, concesionarios aeroportuarios y gremios, en caso de que se adelante un proceso de modificación normativa. La Procuraduría enfatizó en la necesidad de que cualquier cambio se sustente en procesos transparentes y técnicamente soportados.
Con base en la información que sea remitida por el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, la Procuraduría evaluará la conveniencia de convocar una mesa técnica interinstitucional, con el fin de analizar de manera preventiva los impactos regulatorios, operativos y jurídicos de una eventual reforma al régimen de slots. Esa instancia permitiría revisar los efectos de las medidas propuestas antes de su adopción formal.
Los slots corresponden a las franjas horarias y autorizaciones otorgadas a las aerolíneas para aterrizar o despegar en aeropuertos congestionados, un mecanismo clave para ordenar la operación aérea y administrar la capacidad instalada.
En ese contexto, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) ha manifestado preocupación frente a la posibilidad de que se modifiquen las normas que regulan su asignación y monitoreo, una inquietud que también fue mencionada en la comunicación del ente de control.