El reciente episodio de cambios al interior de la Casa de Nariño continúa agitando las redes sociales. La designación del hijo del nuevo ministro de Igualdad, Luis Alfredo Acosta Zapata, como jefe encargado de contratos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), junto a la contratación de una prima de la exdirectora de la entidad, Angie Rodríguez, puso la lupa sobre transparencia y manejo de recursos en este órgano clave del Estado.
Según reveló Cablenoticias en su emisión del martes 27 de enero de 2026, estas decisiones han coincidido con una ola de despidos en la institución, ocurrida a pocos días del inicio de la Ley de Garantías. Y que ocurrió justo después de confirmarse la llegada de la nueva titular de la cartera, Nhora Mondragón, que dispuso de una serie de medidas para conformar su equipo de trabajo con miras a la recta final de la presente administración, a la que le quedan 192 días.
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En efecto, Nusmem Alfredo Acosta Aguilar, hijo del ministro de Igualdad, figura como jefe encargado de contratos en el Dapre, aunque la página oficial de la Función Pública solo lo registra como asesor. Pese a esta diferencia formal, funcionarios de la entidad consultados por el citado medio confirmaron su rol en la gestión contractual, más allá de que no se pudo obtener la declaración de conflicto de interés del ministro, indispensable requisito de transparencia.
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La salida de la directora anterior, Rodríguez, también quedó marcada por cuestionamientos. Según la investigación del medio, Rodríguez vinculó en 2025 a su prima, Jasbleidi Fajardo Díaz, que asumió funciones para el despacho del director general sin experiencia previa en el sector público. Posteriormente, la funcionaria fue nombrada como asesora, aunque el contrato inicial se terminó anticipadamente, ante lo que sería la llegada de la nueva funcionaria.
Dapre se pronunció tras versiones de despidos masivos en la entidad
El relevo de personal en la Casa de Nariño motivó un comunicado oficial. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República difundió el 27 de enero un mensaje dirigido a la opinión pública, en el que aclaró la magnitud de las desvinculaciones recientes y expresó que, en total, “fueron 12 personas que se desvincularon de la entidad y no 30 a 40 como señalan las notas de prensa”; con lo que quiso desarmar los rumores sobre el particular.
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El documento añadió que las personas que fueron retiradas contaban con una vinculación de libre nombramiento y remoción y no eran parte de la carrera administrativa o por concurso, lo anterior con base en la Sentencia SU-003-2018 de la Corte Constitucional, en la que se precisa que los empleados públicos que desempeñan esta clase de cargos no gozan de estabilidad reforzada. A lo que se sumó que los empleados salientes pertenecían a la gestión de Rodríguez.
Las medidas han generado críticas y preocupación en sectores sindicales y de la sociedad civil. Entre los despedidos figuran madres cabeza de familia, empleados sindicalizados y personas con condiciones médicas especiales; y, de hecho, varios de los afectados manifestaron su sorpresa, ya que días antes circuló una directriz interna del Ejecutivo que buscaba frenar despidos masivos en el contexto preelectoral, al aproximarse el arranque de la Ley de Garantías.
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A esta polémica se suma que, según quedó expuesto en la hoja de vida de la Función Pública, el titular de la cartera está en el ojo del huracán: lo anterior, debido a que no acreditó experiencia en la gestión pública, y solo cuenta con su formación exclusivamente secundaria; a lo que se suman otros hechos, como la agresión a miembros del Ejército, en actos que ocurrieron en julio de 2012 en Toribío, Cauca, cuando los sacó a la fuerza y, según testimonios, los humilló.