El incremento del salario mínimo en Colombia para 2026, situado en $1.750.905, con un aumento del 23% respecto al periodo anterior, tiene efectos profundos en el sector educativo, de acuerdo con un estudio de una institución de educación superior oficial.
Este ajuste, alejado de los mecanismos que regulan los topes de matrículas, pone a las instituciones de educación superior a enfrentar los retos de los costos laborales sin la opción de transferirlos al valor de sus servicios, lo que amenaza tanto su sostenibilidad como la equidad en el acceso a la educación.
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La Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en 2024 resaltó el contraste territorial que persiste en el país, en cuanto a la educación: solo el 36% de los jóvenes entre 17 y 21 años accede a la educación superior, cifra que asciende a 42,6% en ciudades capitales, pero que apenas alcanza el 16,3% en áreas rurales.
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Departamentos como Vichada, Vaupés y Guainía muestran niveles aún más bajos, con menos del 8% de jóvenes matriculados en la universidad. Estas cifras evidencian una brecha creciente vulnerada por el alza de los costos: se proyecta que las matrículas escolares y universitarias aumenten cerca del 5,10%, lo que podría restringir la demanda y llevar al aplazamiento de estudios.
Ante este panorama, la rectora de la Fundación Universitaria Los Libertadores, Ángela María Merchán Basabe, señaló al respecto que el principal impacto recae en “la falta de sincronía entre el aumento del salario mínimo y la definición del valor de las matrículas, que se calcula con base en el IPC y debe reportarse con anticipación al Ministerio de Educación”. Merchán Basabe reiteró además que “en las instituciones educativas estos costos no pueden trasladarse al usuario final, por lo que deben ser asumidos internamente”.
El sector educativo enfrenta también una presión inflacionaria significativa. Según expertos citados en el informe, el ajuste en salarios y servicios complementarios podría mantener la inflación en educación entre 6,5% y 7,5%. La institución explicó que los costos operativos se encarecen por incremento en contratos tercerizados, cargas prestacionales y aportes sociales, lo que repercute directamente en el valor de las matrículas y compromete la viabilidad financiera de universidades públicas y privadas.
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Este escenario obliga a las instituciones a revisar su capacidad de inversión, específicamente en la modernización de infraestructura, así como en la innovación académica y los planes de bienestar estudiantil, aspectos que se ven comprometidos ante la urgente necesidad de sostener el funcionamiento cotidiano.
Del mismo modo, la rectora Ángela María Merchán Basabe insistió en que “es indispensable poner en el centro a los estudiantes y su desarrollo integral, y trabajar de manera articulada con el Estado y la sociedad civil para garantizar un acceso a la educación superior más equitativo y de calidad”.
Ante estos retos, amplios sectores demandan que las políticas públicas y las propias instituciones fortalezcan sus estrategias para mantener la calidad y la cobertura, especialmente en aquellas regiones donde la educación superior aún no se consolida como un derecho pleno, pues a lo largo de la historia sus habitantes han tenido que dejar sus estudios, desde muy temprana edad, para empezar a trabajar y así generar ingresos para que ellos y sus familias puedan sobrevivir, aunque sea con ingresos muy bajos.
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Así, se demuestra que la sostenibilidad del sistema educativo y la igualdad de oportunidades para todos los colombianos dependen de una respuesta integral a los efectos económicos y sociales que genera el alza del salario mínimo, en un país donde la educación permanece como un derecho fundamental y universal.