La Junta Directiva de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia manifestó su inquietud frente a los alcances del Decreto 0030 de 2026, expedido por el Gobierno nacional, mediante el cual se eliminó la prima de servicios de los congresistas.
Según la organización, la medida no solo impacta la remuneración de los parlamentarios, sino que también tiene efectos directos sobre los ingresos de distintos funcionarios de la Rama Judicial y de otros organismos del Estado.
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La posición fue expuesta por el magistrado Hermens Darío Lara Acuña, presidente de la corporación, que señaló que la decisión adoptada por el Ejecutivo genera implicaciones salariales para procuradores, fiscales, jueces y magistrados en todo el país, debido a los esquemas de equivalencia y topes salariales establecidos en la normativa vigente.
Desde la Corporación se indicó que el decreto ha suscitado preocupación entre los funcionarios judiciales de diferentes distritos, razón por la cual se hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro.
“La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, afiliada a la Federación Latinoamericana de Magistrados y a la Unión Internacional de Magistrados, en representación de los funcionarios judiciales de diferentes distritos judiciales del país que integran esta corporación, expresa su preocupación con ocasión de la expedición del citado decreto, mediante el cual el Gobierno nacional disminuyó la remuneración salarial de los congresistas de la República, lo cual también impacta el salario de miembros de la rama judicial, de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía General de la Nación, e incide consecuentemente en la calidad de vida de sus familias y de todos quienes hacemos parte de la familia judicial”, señaló el presidente de la corporación.
En ese mismo sentido, la Junta Directiva exhortó al Gobierno nacional y a las autoridades competentes a adoptar medidas que eviten afectaciones al talento humano del sector judicial. “Instamos al Gobierno nacional a adoptar las medidas que correspondan para evitar afectaciones al talento humano al servicio de la Judicatura, a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura, a los organismos de control y, en general, a todas las autoridades competentes, a adelantar las gestiones para solventar esta problemática”, precisó el comunicado.
El magistrado Lara Acuña sostuvo que, aunque el objetivo del decreto estaría dirigido a modificar la remuneración de los congresistas, su aplicación tiene consecuencias más amplias dentro de la estructura del Estado. “Lo peligroso de esto es jugar a una ingeniería constitucional en favor de una postura que no es democrática, porque lo que se pretende afectar es al Congreso de la República pero yo no creo que nadie, en la Casa de Nariño, desconozca que esto afectaba el ingreso de la Rama Judicial, de la Fiscalía y la Procuraduría”, afirmó.
Cuestionamientos sobre la legalidad del decreto
El presidente de la Corporación también se refirió al procedimiento utilizado para la expedición del Decreto 0030 de 2026, al considerar que no se ajusta al marco legal vigente. “El mecanismo que se ha utilizado va en contra de la misma ley. Un decreto no puede desconocer lo que dice la misma ley”, manifestó Lara Acuña al referirse a la eliminación de la prima de servicios.
Adicionalmente, el magistrado advirtió sobre antecedentes internacionales en los que decisiones similares han tenido efectos sobre la independencia judicial. “Hay algo que es muy importante; para que Colombia lo sepa, este tipo de actuaciones son generadas en pensamientos totalitarios, desconocedores de la democracia, como ha ocurrido en México, en Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Ecuador. Entonces, estamos corriendo por un sendero muy espinoso y delicado en medio de la democracia”, indicó.
En relación con los efectos futuros de la medida, Lara Acuña planteó interrogantes sobre el tratamiento que recibirán los ingresos de otros altos funcionarios del Estado. “Si esta es la forma de afectar los ingresos de los congresistas, por las razones que ustedes quieran, la gran pregunta es si el Ministerio de Hacienda va a respetar el ingreso de los magistrados de las altas cortes y demás funcionarios”, expresó.
El presidente de la Corporación explicó que el decreto podría ser objeto de una demanda ante la jurisdicción administrativa. No obstante, señaló que, dado que los magistrados también se encuentran cobijados por el reajuste salarial, estos deberían declararse impedidos para conocer del asunto.