La Fundación Universitaria San José emitió un comunicado en el que informó que ha colaborado plenamente con las autoridades competentes en relación con los hechos de presunto fraude en el título profesional de Juliana Guerrero, requisito que necesitaba para asumir un cargo público en el Ministerio de la Igualdad y Equidad.
Según la institución, fue la propia universidad la que identificó y denunció el fraude del que habría sido víctima.
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"Frente al caso específico de la señora Juliana Guerrero, reiteramos que fue la propia Fundación la que, en ejercicio de su autonomía universitaria y de su responsabilidad institucional, detectó y denunció el fraude del cual hemos sido víctimas" , señaló Francisco Pareja, fundador de la Fundación San José
En la misiva, divulgada el 23 de enero de 2026, la institución especificó que presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, aportando los documentos y soportes necesarios, incluyendo comprobantes de pago y recibos que evidencian las inconsistencias detectadas en el caso.
“En cumplimiento de su deber legal, procedió a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, aportando la documentación y soportes que hacen parte del expediente. Entre ellos, las facturas, recibos que evidencian las inconsistencias del caso” , agregó.
Asimismo, solicitó de manera respetuosa y urgente a las autoridades, especialmente a la Fiscalía, que el proceso avance con celeridad para su esclarecimiento total, debido a las afectaciones que han venido presentando por su vinculación con la grave irregularidad.
“(...) Que este caso sea tramitado con la debida celeridad debido a los perjuicios que la Fundación está sufriendo. La institución reafirma su compromiso irrestricto con la transparencia, la legalidad y la excelencia académica", enfatizó Pareja.
En su comunicado, la Fundación Universitaria San José reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la excelencia académica, enfatizando que continúa fortaleciendo sus sistemas internos de auditoría, verificación y trazabilidad digital.
Además, indicó que ha iniciado un proceso de modernización institucional que incluye la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial con el objetivo de garantizar la transparencia en todos sus procedimientos.
La institución insistió en su disposición permanente para colaborar con el Ministerio de Educación Nacional y demás autoridades, atendiendo todos los requerimientos formulados y participando activamente en el esclarecimiento de la situación.
“La Fundación continuará informando de manera oportuna a la comunidad académica y a la opinión pública sobre los avances y resultados de este proceso, siempre con respeto hacia nuestros estudiantes, nuestros egresados y la comunidad en general, incluyendo los medios de comunicación. Cordialmente, Fundación San José”, puntualizó el comunicado.
Detalles del escándalo de Juliana Guerrero
El foco de la controversia apunta a los registros tributarios de sus supuestos estudios universitarios: la Fundación Universitaria San José habría reportado ante la Dian tres facturas electrónicas a nombre de Guerrero, aunque la institución afirma que ella nunca fue estudiante allí.
La revelación la hizo la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, tras revisar bases de datos oficiales. Pedraza detalló que los pagos de Guerrero se realizaron después de la fecha consignada en sus diplomas, lo que considera un hecho inusual.
Los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria datan del 1 de julio de 2025, pero las facturas aparecen emitidas a partir del 28 de julio. Una de ellas corresponde a un pago de $1.000.000 por derechos de grado, y otras dos, por matrículas, suman más de seis millones de pesos.
Pedraza expuso los documentos en redes sociales y denunció un posible patrón de irregularidades dentro de la universidad, señalando que los pagos posteriores a la supuesta graduación podrían tratarse de un intento de “lavar” los títulos. También informó que en octubre de 2025 radicó denuncias ante la Fiscalía y el Ministerio de Educación sin avances conocidos.
La congresista pidió acciones de la Procuraduría y anunció nuevas revelaciones sobre lo que denominó un “cartel de venta de títulos” en la Fundación San José.