Con la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de implementar aranceles del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, luego de acusar a su vecino, Gustavo Petro, de no cooperar en la lucha contra el narcotráfico, continúa siendo tema de discusión a lado y lado de la frontera. Y todo porque es una medida que desencadenó una fuerte respuesta por parte de la administración local, que en respuesta anunció la suspensión del suministro eléctrico.
La crisis, que tendría su verdadero origen en el pronunciamiento de Petro sobre el caso Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano condenado por su participación del escándalo de Odebrecht, lo que causó molestia en Noboa, ha desencadenado sin duda un episodio de tensión entre ambos países: en una frontera donde la seguridad y el crimen organizado dominan la agenda bilateral, con el accionar de estructuras al margen de la ley que comercializan cocaína.
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El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, sostuvo que el país se encuentra “contra las cuerdas” ante la criminalidad. “Ha incrementado la producción de cocaína, no están haciendo nada al respecto. Los grupos terroristas, los grupos disidentes, están creciendo, están uniéndose, están incrementando la criminalidad, no se está haciendo nada al respecto; y Ecuador, obviamente, por ser país fronterizo, sufre las consecuencias”, declaró en el medio Visionarias.
Según cifras oficiales reportadas por su despacho, las incautaciones de cocaína en la zona fronteriza crecieron un 36,7% en tres años: de 86.786 kilogramos en 2023 a 195.862 kilogramos en 2025. “El presidente (Daniel Noboa) no toma medidas de última hora. Todo esto lo hemos venido conversando en varias reuniones del bloque de seguridad porque afecta a la seguridad de los ecuatorianos”, remarcó el jefe de la cartera frente a esta problemática.
Y es que, según reseñó en sus afirmaciones, Reimberg acusó a las autoridades migratorias colombianas de no controlar y restringir el flujo de estupefacientes. “No encuentra usted autoridad que esté realizando una actividad de control en una vía principal. Imagínese en todas las vías alternas donde pasa la droga, las armas, criminales que quieren ingresar al Ecuador”, añadió el miembro del gabinete de Noboa, frente a los motivos que llevaron a su Gobierno a tomar medidas.
La economía criminal de la droga y los efectos en la frontera
Al respecto, el ministro del Interior ecuatoriano describió la situación como una “economía criminal” alimentada por el aumento de los cultivos de coca y la minería ilegal en la región limítrofe. “El crecimiento de los cultivos de coca genera una economía criminal que afecta directamente a nuestro país”, reiteró Reimberg y agregó que la minería ilegal constituye otro de los desafíos persistentes en la frontera, en una situación que se ha registrado de “vieja data”.
Por ello, la postura de Ecuador es mantener los aranceles hasta que Colombia muestre una “voluntad real” de cooperación contra el crimen organizado. “Mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales vinculados al narcotráfico en la frontera, sin cooperación alguna”, reiteró Noboa en su mensaje en la red social X, en la que endilgó a su vecino gran parte del auge de la criminalidad en su territorio.
Ante estas determinaciones, desde Bogotá se tomaron decisiones basadas en lo que sería el concepto de reciprocidad. Una de ellas es la de la suspensión del suministro de energía, desde las 6:00 p. m., en un paso que, según expresó el Ministerio de Minas, se trata de una medida acorde ante “actuaciones unilaterales” de la gestión Noboa; en un corte que podría afectar el 8% de la demanda eléctrica que se necesita más allá del paso internacional de Rumichaca.