El megaproyecto de recuperación ambiental del Canal del Dique, uno de los de mayor relevancia para la región Caribe, enfrenta un escenario de alta incertidumbre tras la decisión del Gobierno colombiano de recortar el presupuesto asignado a esta iniciativa. Esta determinación podría tener consecuencias legales y afecta iniciativas consideradas estratégicas para la mitigación de riesgos ambientales, según advirtieron organizaciones del sector.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) manifestó, según una carta dirigida a las principales autoridades del sector, su profunda inquietud por el recorte de recursos a proyectos relevantes como el del Canal del Dique, estimando que la reducción podría alcanzar los $636.000.000.000.
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Según la CCI, recortar las vigencias futuras amenaza el avance de obras prioritarias para la competitividad y la integración regional, dado que son proyectos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y de importancia fundamental para la región Caribe. Por otro lado, advirtió sobre posibles irregularidades en el procedimiento con el que se adoptó la decisión de ajuste presupuestal, lo que añade un elemento crítico al debate sobre la gestión de los recursos públicos.
El gremio sostuvo que la decisión podría derivar en incumplimientos contractuales, demandas millonarias contra el Estado y un deterioro de la confianza de los inversionistas.
Para la CCI, el problema no es solo el monto del recorte, sino la forma en que se realizó. El gremio sostiene que la decisión fue tomada de manera unilateral, sin una manifestación expresa de conformidad por parte de los contratistas privados, requisito exigido por la normativa vigente para modificar las condiciones financieras de proyectos desarrollados bajo esquemas de Asociación Público-Privada (APP).
La preocupación respecto a la reducción presupuestal fue reiterada por el expresidente de la República, Ernesto Samper Pizano que en un mensaje publicado el 17 de enero de 2026 en la red social X, Samper alertó sobre las implicaciones judiciales que podría traer el recorte, enfatizando que “La firma SACYR puede reclamar judicialmente para irse”.
El exmandatario, conocido defensor del actual gobierno de Gustavo Petro, demandó públicamente la intervención del contralor general de la República y subrayó la importancia de que las “vigencias anticipadas son intocables”, sugiriendo así que los recursos previamente comprometidos no deberían ser modificados.
Ernesto Samper propuso que el ajuste del salario mínimo no se traslade a múltiples bienes y servicios
El aumento del salario mínimo en Colombia, decretado en más del 23% para 2026, generó incertidumbre en millones de hogares por el posible incremento de precios en alimentos fundamentales como el huevo y el pollo.
El ajuste, firmado por el presidente Gustavo Petro, se propuso fortalecer el poder adquisitivo, pero abrió el debate sobre el efecto en la canasta familiar y las preocupaciones acerca de la estabilidad de los precios en los meses siguientes.
En reacción a la preocupación de varios sectores del país, Ernesto Samper, expresidente de la República, propuso en sus redes sociales iniciar un proceso de “desalarización”. Esto, orientado a impedir que el ajuste del salario mínimo de 2026 se traslade a múltiples bienes y servicios, que, a su vez, generan mayor inflación e inestabilidad económica en el territorio.
A la par, sostuvo que es necesario desescalar, como años atrás, el virus inflacionario provocado por el ajuste diario de las UPAC (Unidades de Poder Adquisitivo Constante).
“Así como hace algunos años el país inició la “desupaquisación” de la economía para evitar el virus inflacionario del ajuste diario de las UPACS (unidades de poder adquisitivo constante), también hoy debería abordar un proceso de “desalarización” que impida el traslado del ajuste del salario mínimo a muchos bienes y servicios que generan a su turno más inflación e inestabilidad económica”, escribió Samper en su cuenta de X.