El presidente Gustavo Petro anunció la apertura de investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra empresas que hagan incrementos de precios considerados irracionales ante el aumento del salario mínimo, una medida que ya generó una amplia controversia. El mandatario aseguró que la ciudadanía puede presentar denuncias ante la entidad si detecta aumentos injustificados en bienes o servicios.
La decisión del jefe de Estado se dio como respuesta a la inquietud expresada por el economista Javier Mejía, que expuso su preocupación por la escalada de precios observada en enero tras el ajuste del salario mínimo y el índice de precios al consumidor. “Ese desconcierto al ver los precios de todo subir y la ansiedad de sentir que si uno no empieza a cobrar más se estará empobreciendo es el desanclaje de las expectativas de inflación. Así luce. Es un fenómeno de psicología colectiva y pa’ eso no hay decreto que sirva”, escribió Mejía en X.
PUBLICIDAD
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook
El mandatario respondió en la misma red social que “por eso se actúa ya investigando con la Superintendencia de Industria y Comercio toda empresa que suba irracionalmente sus precios al cliente”. Además, recordó a los ciudadanos que “la ciudadanía puede denunciar esas empresas a la superintendencia”.
La reacción de Petro se produce en medio de una coyuntura marcada por el incremento del salario mínimo a $1.750.905 mensuales, lo que representa un alza de 23,7% frente al año anterior. El aumento, por supuesto, tiene efector en sectores clave como la vivienda, en especial en las viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), cuyos precios máximos están indexados al salario mínimo.
PUBLICIDAD
Profunda preocupación de los constructores
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) manifestó su “profunda preocupación” por el impacto de la medida en los precios de la vivienda y la generación de empleo en el sector. De acuerdo con cifras del gremio, cerca del 25% de los costos directos de construcción en Colombia corresponde a mano de obra, por lo que el ajuste salarial podría elevar los costos totales de construcción en torno al 4%. Esto, a su vez, se trasladaría a los precios finales de las viviendas sociales, que podrían experimentar un aumento de hasta $49.000.000 en 2026.
Al respecto, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, advirtió que “mejorar el ingreso de los trabajadores formales no debe hacerse a costa de frenar la generación de nuevos empleos, presionar la inflación y encarecer la vivienda social”. Enfatizó en la necesidad de una estrategia integral en política social y económica, por lo que señaló que “el resultado de estas medidas podría ser más exclusión y menor bienestar para la población”.
En respuesta a la preocupación por la inflación, el Gobierno anunció la intención de desindexar ciertos productos y servicios del salario mínimo, con el objetivo de evitar que el alza salarial se traslade de forma automática a los precios y deteriore el poder adquisitivo de los hogares. La medida del Ejecutivo busca contrarrestar el impacto inflacionario y garantizar la viabilidad del acceso a la vivienda.
PUBLICIDAD
Incluso, el Ministerio de Vivienda dio a conocer un borrador de decreto que busca evitar que las VIS y las VIP suban de precio con el salario mínimo. Dentro de lo que propone está que todo se establezca en pesos colombianos. Y es que, para 2026, el precio máximo de una VIS podría pasar de $192.000.000 a $236.000.000, mientras que la presión inflacionaria podría afectar la demanda y la sostenibilidad del sector formal de la construcción.
A Petro se le salió el tema de las manos
Las nuevas declaraciones de Petro generaron reacciones en sectores políticos y empresariales. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, aseguró que el mandatario perdió el control del tema.
“Se te desbordó el tema. Era obvio que un aumento desproporcionado en el salario mínimo iba a generar más inflación y esto es una bola de nieve difícil de parar. Cualquier intento por hacerlo genera desabastecimiento y escasez, así ha sucedido en muchos países que siguieron su camino equivocado”, afirmó Restrepo.
PUBLICIDAD
La exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF) Mónica Higuera expresó dudas sobre la capacidad estatal de fiscalizar todos los incrementos. “Adicionalmente el consumidor en mayoría no es tan conocedor de los mecanismos para reclamar. Ya se ven los aumentos y la presión en los precios de muchos rubros de la economía”, escribió Higuera en X.
Mientras que el ingeniero civil David Baquero agregó que “los precios suben o bajan por oferta y demanda, trate de que los precios bajen obligando el mercado a competir”.
La discusión también alcanzó el ámbito legislativo. El representante a la Cámara Andrés Forero, candidato al Senado por el Centro Democrático, sostuvo que Petro reconoció la irracionalidad del alza del salario mínimo y denunció una supuesta persecución a las empresas que ajustan sus precios.
PUBLICIDAD
“Petro es Chávez”
“Petro es Chávez”, calificó Forero. Añadió que “su discurso populista es pan para hoy y hambre para mañana”. En su publicación, el congresista acompañó las críticas con un video del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, que defendió en su momento el control de precios en Venezuela y amenazó con nacionalizar empresas que no acataran las decisiones oficiales.
A su vez, el concejal de Bogotá Humberto Amín, del Centro Democrático, explicó el efecto del alza salarial sobre los costos empresariales: “No hace falta ninguna investigación, presidente Petro. Si un colombiano tiene una empresa y tiene a su cargo cinco empleados con el salario mínimo, el costo mensual de operación se le incrementó solo por factor salarial un 23,7%. Es obvio que los precios de los productos suban”, sentenció.
PUBLICIDAD