Una alerta sobre el uso de recursos del Estado llevó a la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Verde, a activar los mecanismos formales de control institucional; la congresista confirmó que presentó una solicitud ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para que se revise un contrato por 10.000 millones de pesos suscrito desde la Presidencia de la República con una firma internacional de abogados.
Miranda explicó que su decisión responde a inquietudes puntuales sobre la finalidad del convenio y su impacto sobre el erario. A su juicio, el acuerdo plantea dudas que no pueden pasar desapercibidas, especialmente cuando involucra fondos públicos destinados a un servicio jurídico relacionado con la situación personal del presidente Gustavo Petro.
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A través de un video difundido en sus redes sociales, la representante detalló el alcance del radicado y afirmó: “Radicamos formalmente una solicitud ante la Contraloría y ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue el contrato por 10.000 millones de pesos suscrito para la defensa del presidente Gustavo Petro frente a un proceso personal relacionado con la llamada lista Clinton”.
Katherine Miranda lanzó duros cuestionamientos por uso de recursos públicos en defensa del presidente
La congresista puso énfasis en la falta de explicaciones oficiales sobre la contratación y cuestionó la necesidad del desembolso, por lo que añadió: “Este servicio jurídico, que según el abogado Daniel Kovalic era gratuito, terminó convirtiéndose en un contrato multimillonario a su firma de abogados, financiado con los impuestos de todos los colombianos, sin que exista hasta ahora una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía ni el procedimiento de contratación”.
Katherine Miranda reiteró que los recursos del presupuesto nacional deben destinarse a fines colectivos y no a controversias individuales. En ese sentido, señaló de forma categórica: “Los recursos públicos no pueden utilizarse para defender intereses personales del presidente Gustavo Petro y menos aún en procesos que no representan un interés general del Estado”.
“Por eso solicitamos que se investigue si aquí pudo haberse configurado un detrimento patrimonial, violación a los principios de la contratación pública y eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales como peculado o contratación irregular”, señaló la congresista que en la actualidad es opositora del Gobierno Petro, pese a que en el pasado fue una de las activistas que ayudó al líder a llegar a la Casa de Nariño.
Transparencia y control fiscal en la contratación de la Presidencia
En su mensaje, la congresista insistió en la obligación de rendir cuentas claras a la ciudadanía: “Colombia merece transparencia. Los impuestos de los colombianos no pueden convertirse en la chequera personal del presidente Petro”.
La solicitud legal de Katherine Miranda se conoció mientras se mantiene la atención sobre varios contratos recientes firmados por entidades del Gobierno, sobre todo el de los 10.000 millones de pesos a la firma Amadeus Consultancy Limited para prestar defensa internacional y asesoría jurídica especializada al presidente Gustavo Petro, tras su inclusión en la lista Clinton, sanción económica, en su caso por narcotráfico; el acuerdo quedó a cargo del abogado estadounidense Daniel Martin Kovalik como representante de la firma contratada, tal cual denunció la congresista.
Según la minuta contractual divulgada por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el objeto del acuerdo consiste en una “asesoría jurídica altamente especializada en defensa jurídica internacional”, enfocada en el análisis normativo, estratégico y técnico del régimen de sanciones financieras que afecta al jefe de Estado. El documento señala que la Presidencia no contaba con personal interno capacitado para atender este tipo de procesos ante autoridades extranjeras.
Por eso, desde su curul, la representante aseguró que su actuación busca fortalecer la vigilancia institucional y no anticipar conclusiones. Según explicó, el objetivo consiste en que la Contraloría y la Procuraduría determinen si el contrato cumple con los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad que rigen la contratación pública en Colombia.