La Policía Nacional ejecutó el primer gran operativo de 2026 contra la minería ilegal en el departamento de Antioquia durante la primera semana de enero.
Los agentes destruyeron diez dragas y veinte motobombas en los municipios de San Roque y Remedios. El total de maquinaria intervenida fue avaluado en 226 millones de pesos, perteneciente a estructuras criminales vinculadas a la explotación ilícita de minerales, cuyo impacto ambiental es considerable.
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La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental lideró los procedimientos en el Nordeste antioqueño. En la vereda Guacas Arriba del municipio de San Roque, las autoridades intervinieron cuatro unidades de producción minera y destruyeron cuatro dragas tipo buzo junto con ocho motobombas.
En paralelo, en la vereda Otu de Remedios, la fuerza pública realizó la intervención de dos unidades de explotación, con la destrucción de seis dragas tipo buzo y doce motobombas.
El general Carlos Oviedo, director de Carabineros, explicó que la incautación y destrucción de esta maquinaria representa un golpe económico para los grupos dedicados a actividades ilícitas.
Subrayó que este esfuerzo busca obstaculizar las economías criminales que operan en la región.
Durante una entrevista con Blu Radio, el general Oviedo reiteró el compromiso institucional: “La Policía Nacional continuará desplegando todas sus capacidades operacionales, investigativas y de inteligencia para enfrentar de manera decidida esta amenaza, fortalecer la legalidad y garantizar la protección del capital natural del país”.
Las autoridades hicieron hincapié en que estos operativos no solo afectan al crimen organizado, sino que también forman parte de una estrategia de protección ambiental.
La explotación ilícita de minerales en la región contribuye a la degradación de ríos y cobertura vegetal, pues la utilización intensiva de maquinaria pesada y sustancias contaminantes compromete la capacidad natural de recuperación de los ecosistemas.
Afectadas las finanzas de grupo ilegal tras operativo en Buenos Aires, Cauca
Una intervención de las autoridades colombianas en el municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca, resultó en la destrucción de 18 dragas y 72 motobombas vinculadas a la estructura delictiva de alias Marlon, utilizadas para la minería ilegal de oro.
La operación, ejecutada por la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, tuvo un impacto económico estimado en 648 millones de pesos, al impedir una renta mensual ilegal superior a 1.600 millones de pesos, según detalló el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, a través de la red social X.
El decomiso y destrucción del equipo evitó el vertimiento de mercurio y cianuro en el río Cauca, protegiendo cursos de agua y a las comunidades locales ante la amenaza de contaminación tóxica. “Este resultado también protege el río Cauca, sujeto de derechos, al evitar el vertimiento de mercurio y cianuro que destruyen el agua y la vida”, afirmó el ministro Sánchez en su comunicación pública.
El operativo refuerza la respuesta de las autoridades frente al deterioro de cuencas y persigue frenar la financiación de organizaciones criminales mediante la intervención de maquinaria que permite la remoción masiva de sedimentos y la alteración del cauce natural, situación asociada con erosión, pérdida de suelos y degradación de los ecosistemas.
En un hecho distinto y reciente, la empresa operadora de la mina Pablo Sánchez, en Quípama (Boyacá), alertó sobre el ingreso violento de un grupo no autorizado que intentó sustraer esmeraldas con explosivos y taladros hidráulicos. “Esta acción ilegal representa un riesgo grave para la estabilidad de la infraestructura minera y para la seguridad de las personas que laboran en el área”, advirtió la compañía. Se activaron protocolos de seguridad y se solicitó intervención estatal para resguardar al personal.