La noticia de la liberación de presos políticos en Venezuela provocó una ola de reacciones en Colombia, reflejado por distintos enfoques frente a un hecho que se vincula directamente con la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen, por fuerzas estadounidenses. El anuncio oficial desde Caracas generó expectativa y abrió un debate sobre las consecuencias políticas y humanitarias de este suceso.
El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, informó que un “número importante” de detenidos recuperará su libertad de manera inmediata. El funcionario de ese país no detalló si se trata de excarcelaciones definitivas ni de qué centros penitenciarios salen los beneficiados, ni publicó listas con nombres.
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En Colombia, congresistas celebraron la noticia
Desde el Congreso colombiano, Andrés Forero, representante del Centro Democrático, celebró la noticia y la relacionó directamente con la captura del líder del régimen venezolano, por lo que escribió en sus redes sociales: “¡Qué gran noticia! Empiezan a verse las consecuencias positivas de la captura del dictador Maduro”.
Para Forero, el anuncio representa un primer resultado tangible de la acción estadounidense y la presión internacional sobre Venezuela.
De la misma manera, la representante Katherine Miranda, del Partido Verde, adoptó un enfoque humanitario y político, por lo que a través de la misma red social compartió: “Entiendo la frustración de muchos por Venezuela, pero creo que se hizo lo correcto. Hoy salen en libertad los presos políticos y se abre una esperanza real para que la democracia regrese. Qué alegría por mis amigos venezolanos. ❤️🙏🥺”.
Así, ambos congresistas indicaron que la intervención militar en Venezuela fue la opción más adecuada y que la liberación de los presos era una consecuencia directa de que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y ahora son juzgados por la justicia en Estados Unidos.
Detenciones políticas y violaciones de derechos humanos: la crisis del régimen Maduro
Cabe señalar que, Jorge Rodríguez explicó que la medida responde a una decisión unilateral del Estado venezolano, concebida para “afianzar” la paz y promover la “connivencia pacífica” entre todos los ciudadanos, sin importar ideología ni religión. Además, dejó claro que los contactos oficiales solo se dan con quienes reconocen la institucionalidad y descartó negociaciones con sectores que calificó como extremistas.
Y es que desde 2014, Venezuela atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes; cerca de 8 millones de personas abandonaron el país, de ellos, más de 1.3 millones solicitaron asilo y alrededor de 370.000 fueron reconocidos como refugiados, mientras que casi 6.7 millones se encuentran en América Latina y el Caribe, con Colombia como principal país de acogida.
De acuerdo con los informes de la ONU y de organizaciones como Foro Penal registran más de 18.600 detenciones con fines políticos desde el año en mención, incluidos 173 militares, más de 100 mujeres y adolescentes. Entre los detenidos había 86 extranjeros de 25 nacionalidades, a quienes el régimen habría usado como fichas de negociación internacional.
Al mismo tiempo, la situación de derechos humanos también reflejó patrones graves de violencia y abuso, por lo que la ONU documentó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas en centros como El Helicoide y La Tumba, con métodos que incluyen asfixia, descargas eléctricas y violencia sexual. Hasta finales de 2025, 172 personas permanecían en situación de desaparición forzada.
La crisis mostró las consecuencias acumuladas durante toda la dictadura de Nicolás Maduro, caracterizada por el éxodo de ciudadanos y la represión constante. Con la captura del líder del régimen venezolano por parte de Estados Unidos y el anuncio de la liberación de los detenidos, muchos consideran que se trata de un paso importante hacia la recuperación de la libertad del pueblo venezolano.