La violencia armada en la región del Catatumbo volvió a encender las alarmas nacionales tras confirmarse un nuevo desplazamiento masivo hacia Cúcuta, capital de Norte de Santander, como consecuencia de los enfrentamientos entre estructuras ilegales que disputan control territorial en esa zona fronteriza.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, informó que al menos 130 núcleos familiares, integrados por cerca de 300 personas, llegaron durante los últimos días a la ciudad en busca de protección.
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Según explicó, estas comunidades huyeron de sectores rurales de Mineiro y Pacelli, en el municipio de Tibú, además de la vereda Filogringo, ubicada en El Tarra, lugares donde continúan los choques armados entre el ELN y el frente 33, perteneciente a disidencias de las antiguas Farc.
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Marín señaló que las personas afectadas están siendo atendidas por la regional de la Defensoría del Pueblo en articulación con la Personería municipal.
Indicó que se adelanta acompañamiento institucional para garantizar el acceso a ayuda humanitaria, albergue temporal, atención psicosocial y activación de la ruta para víctimas.
Desde esa entidad, aseguró, se mantiene vigilancia permanente para que las obligaciones estatales se cumplan sin dilaciones.
La funcionaria reiteró un llamado directo a los actores armados para que detengan las hostilidades y respeten a la población civil.
En un mensaje enfático pidió que los combates cesen “de inmediato” y que las comunidades queden “fuera del conflicto”, ante el riesgo creciente que enfrentan niños, mujeres y adultos mayores atrapados en medio de la confrontación.
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Los recientes movimientos forzados de comunidades en el nororiente colombiano elevan la cifra de afectados a más de mil personas que han tenido que abandonar sus hogares, según confirmaron fuentes oficiales.
El aumento del desplazamiento mantiene en alerta a las autoridades civiles y militares, que evalúan de manera permanente el impacto humanitario en municipios fronterizos.
El pronunciamiento de Marín generó reacciones políticas inmediatas. Uno de los más contundentes fue el del exsenador Juan Manuel Galán, quien calificó la situación como una “emergencia nacional”.
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En su respuesta advirtió que el Catatumbo atraviesa un momento crítico marcado por desplazamientos forzados, comunidades confinadas y una frontera colapsada por la presión humanitaria.
Galán alertó además sobre el impacto de los recortes presupuestales a la Defensoría del Pueblo, decisión que consideró contradictoria frente al aumento de necesidades en territorios afectados por la guerra.
Según expresó, la reducción de recursos ocurre “justo cuando más se necesita” presencia institucional, acompañamiento y prevención.
"Y como si fuera poco, se recorta el presupuesto de la Defensoría del Pueblo justo cuando más se necesita. Aquí hay vidas en riesgo", afirmó.
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El dirigente del partido Nuevo Liberalismo insistió en que cada jornada sin intervención efectiva agrava el panorama. A su juicio, la falta de una respuesta inmediata del Gobierno podría derivar en una tragedia previsible, con consecuencias irreversibles para cientos de familias que hoy abandonan sus hogares para salvar la vida.
“Debemos actuar hoy: cada día serán más y el Estado tiene que estar preparado. Si el Gobierno no responde ya, será responsable de una tragedia anunciada”, señaló el lider del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán.
Luego de los hechos registrados en territorio venezolano durante el fin de semana anterior, el Ejército Nacional reforzó su presencia en Norte de Santander.
Actualmente, las unidades castrenses permanecen desplegadas en los cuatro pasos fronterizos habilitados, además de rutas informales empleadas para el tránsito irregular.
El dispositivo de seguridad involucra personal perteneciente a la Primera, Segunda y Octava División, conformando un contingente superior a treinta mil efectivos.
De ese total, cerca de once mil uniformados realizan labores operativas directamente en suelo nortesantandereano, mientras los demás se encuentran distribuidos a lo largo del límite internacional.
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La estrategia también contempla vigilancia extendida desde La Guajira, pasando por Arauca, hasta sectores de Guainía. A este esquema se suman vehículos con blindaje especial y sistemas de radar, destinados a identificar desplazamientos no autorizados y prevenir riesgos asociados a la inestabilidad regional.