El Gobierno de Colombia oficializó la propuesta de eliminar la prima de servicios para los congresistas, medida que, de implementarse, reducirá su salario en cerca de $15 millones.
La decisión, anunciada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, fue presentada como un “acto de justicia” y equidad.
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Ambos funcionarios explicaron que la eliminación de este pago extra se encuentra respaldada por una sentencia de la Corte Constitucional, que señala que la prima no es obligatoria y puede eliminarse vía decreto.
El ministro Sanguino enfatizó que se trata de revertir un beneficio otorgado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, afirmando que la medida constituye “un acto de justicia para el pueblo colombiano”.
Reacciones en el Congreso
El anuncio provocó diversas respuestas entre los miembros del Congreso de la República. Desde el oficialismo, varios legisladores celebraron la medida.
El senador Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, opinó: “Esta es una medida de elemental justicia social, y el comienzo del proceso de austeridad republicana que he pregonado. Llegó la hora en que las y los congresistas asumamos la responsabilidad de ser servidores públicos, sin buscar ninguna clase de enriquecimiento o beneficio particular”.
Por su parte, la representante María Fernanda Carrascal, también del Pacto Histórico, publicó: “Qué deleite será ver a mis colegas tratando de salvar su prima mientras despotrican del aumento del salario para los demás trabajadores. Ah, son los mismos que celebraron cuando desfinanciaron al gobierno por una retaliación política contra Gustavo Petro”.
Desde la Alianza Verde, la senadora Angélica Lozano recordó que en 2023 el Senado aprobó por unanimidad la eliminación de la prima, pero el proyecto se archivó en la Cámara de Representantes. Lozano señaló que la falta de respaldo de las bancadas impidió que la propuesta prosperara en ese momento.
La representante Catherine Juvinao, también de la Alianza Verde, se manifestó a favor de la eliminación: “Por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo con la eliminación de la prima de servicios de los congresistas. El presidente desde el principio podía hacerlo y espero que lo cumpla de verdad. Esa medida en particular no es populismo: es justicia social básica y ética pública. Hágalo, presidente Petro”.
En contraste, la oposición, que recientemente criticó el aumento del salario mínimo, no emitió comentarios relevantes sobre el decreto.
Contexto de la medida
El Ministerio de Hacienda tiene listo el borrador del decreto que eliminaría la prima de los congresistas. Este pago, que suma alrededor de $15 millones por legislador, fue introducido mediante el decreto 2170 de 2013, durante el mandato de Juan Manuel Santos.
El documento oficial sostiene que la remuneración actual de los miembros del Congreso, cercana a los $52 millones mensuales, resulta “desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”.
La sentencia de la Corte Constitucional permite al Ejecutivo suprimir esta prima, al no considerarse un derecho adquirido ni una obligación legal. La eliminación aplicaría a partir del 20 de julio de 2026, con la instalación del nuevo Congreso.
El ministro Ávila explicó que la medida se inscribe en un paquete más amplio para enfrentar el déficit fiscal proyectado en $16 billones para el Presupuesto General de 2026.
Entre las acciones propuestas figura también el incremento del IVA a los licores, del 5% al 19%, y posibles recortes presupuestales en diferentes entidades estatales.
Antecedentes y posibles repercusiones
La idea de reducir los ingresos de los congresistas no es nueva. Desde el oficialismo se presentaron proyectos legislativos para ajustar a la baja los salarios del Congreso, pero estos fueron rechazados en los debates parlamentarios. La eliminación de la prima de servicios ha formado parte de varias de esas iniciativas.
El pago de la prima fue establecido hace más de una década creció progresivamente, pasando de casi $8 millones mensuales en 2013 hasta los valores actuales, ajustándose cada año conforme a los incrementos salariales.
La entrada en vigor de la medida podría tensar aún más la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, marcada por diferencias sobre las reformas estructurales presentadas por el gobierno de Gustavo Petro.
El ambiente político se vio impactado por el hundimiento de proyectos clave en el Capitolio y la cercanía de una intensa campaña electoral.
Entre las posibles alternativas que estudia el Ejecutivo se evalúa reducir el presupuesto asignado para el pago de asesores en el Congreso, aunque todavía no se han adoptado decisiones al respecto, según advirtió el Ministerio de Hacienda en rueda de prensa.