El Ministerio de Salud y Protección Social y las entidades promotoras de salud (EPS) continúan en la discusión sobre la suficiencia de los recursos proporcionados por el Gobierno nacional para garantizar la atención de los usuarios afiliados a las entidades. La administración se encarga de allegar el dinero destinado a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que corresponde al monto asignado para la prestación de servicios de cada ciudadano afiliado.
Las EPS aseguran que los recursos no alcanzan y alegan que están teniendo que cesar el suministro de algunos servicios por esa situación. El Gobierno, por su parte, indicó que ha incrementado el dinero para la salud y que ha efectuado todos los pagos necesarios para que las EPS, IPS y demás actores del sistema de salud cumplan con sus funciones a cabalidad.
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El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en conversación con W Radio, cuestionó la gestión de las EPS al señalar que, aunque el Gobierno mantiene los pagos al día, estas entidades no están garantizando la atención adecuada a los usuarios.
“Yo no entiendo cómo es posible que a las EPS se les tiene todo al día, les pagamos al tiempo y no están atendiendo”, indicó.
Según datos de la Contraloría General de la República, dados a conocer por la cartera, en 2020 las EPS dejaron de responder por $6,8 billones, cifra que el Gobierno presenta como prueba de que hay problemas estructurales en el manejo de los recursos de la salud.
“[Las EPS] vienen a decir que son las intervenidas y la Contraloría dice que son todas. La pregunta que se tiene que hacer es, ¿qué está pasando con los recursos de la salud por parte de las EPS?”, cuestionó el ministro en conversación con el medio citado.
Para el Ejecutivo, los datos disponibles no corresponden a interpretaciones subjetivas; serían evidencias que respaldan la urgencia de avanzar en reformas profundas en el sistema de salud y de exigir compromisos claros a todos los involucrados.
Acemi insiste en que no hay recursos suficientes en el sistema de salud
Por medio de un comunicado emitido en septiembre de 2025, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) advirtió sobre un déficit financiero del sistema de salud que, a su juicio, exige respuestas urgentes. La organización aseguró que hay una importante diferencia entre lo reconocido por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y el gasto real en servicios que se evidencia actualmente.
“La evidencia es contundente: el sistema está desfinanciado. Los propios indicadores oficiales muestran que por cada $100 reconocidos por la UPC se gastan $109 en salud, generando un déficit acumulado entre $26 y $33 billones. Negar esta realidad es cerrar los ojos ante el colapso financiero que ya sienten pacientes y prestadores”, detalló.
Indicó que la crisis se evidencia en que millones de colombianos ahora están enfrentando demoras para acceder a sus tratamientos, al suministro de medicamentos y a la atención médica. En ese sentido, advirtió que negar la existencia de esta situación expone a las personas a riesgos graves y perpetúa el deterioro en la atención.
Por otro lado, explicó que los estados financieros de las EPS pasan por auditorías y vigilancia permanentes de la Superintendencia Nacional de Salud y la Contraloría General de la República, lo que, en su opinión, garantiza transparencia e integridad en los reportes. Aseguró que cuestionar estos datos equivaldría a desconocer el estado crítico del sistema y pondría en peligro a quienes dependen de la atención.
“Acemi seguirá defendiendo la solvencia del sistema y el mandato de la Corte con cifras y evidencia técnica. Insistiremos ante los órganos de control y el propio tribunal para que se respete la orden de construir una metodología clara, con datos verificables y consensos políticos y jurídicos que garanticen la sostenibilidad del derecho fundamental a la salud”, indicó.