El proceso judicial contra los exministros Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda), acusados de graves delitos de corrupción, por su presunta participación en una red para desviar recursos al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), fue aplazado debido a la vacancia judicial en el país.
Según una notificación oficial emitida por el secretario de la sala penal, Javier Fernando Suancha, las apelaciones solicitadas por las defensas de ambos exfuncionarios serán asignadas al Tribunal Superior de Bogotá a partir del 13 de enero de 2026, cuando finalice el receso judicial.
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Este aplazamiento, que pone en espera el avance del proceso, ha generado preocupación en diversos sectores del país. La decisión de suspender temporalmente el trámite legal se debe a la aplicación de la Ley 2477 de 2025 y estableció que los recursos de apelación deben ser atendidos por la sala que sigue en turno del mismo tribunal.
Dado que no hay una sala dispuesta para tratar estos casos en el momento, el asunto será sometido a reparto una vez finalice el periodo vacacional de la rama judicial, por lo que ellos deberán pasar las fiestas de Fin de Año en el centro de reclusión carcelaria, hasta que se retomen los debidos trámites.
Los exministros salieron salpicados en uno de los casos de corrupción más grandes en el Gobierno Petro
Ambos exministros están acusados de corrupción por manipular recursos públicos y asignar contratos de manera indebida. Según la Fiscalía, Luis Fernando Velasco habría coordinado la compra de votos en el Congreso a cambio de contratos y beneficios, además de influir en el direccionamiento de contratos para empresas recomendadas por políticos.
Por su parte, de acuerdo con la investigación, Bonilla habría facilitado la transferencia de grandes sumas de dinero, más de $92.000 millones, a proyectos en municipios específicos, favoreciendo a congresistas aliados del Gobierno; también se le acusa de influir en el crédito público y de liderar una estructura que direccionó contratos a terceros —se le imputa la dirección de una estructura que manejó 79 contratos, de los cuales 7 fueron concretados para beneficio de terceros—.
Además, el capítulo de Invías, relacionado con la mejora de infraestructura vial, señala el uso de proyectos para desviar fondos hacia regiones de congresistas aliados, saltándose los procesos de selección objetiva.
Estos son los delitos que se le imputaron a los exministros
La captura de los exministros se dio tras la presentación de acusaciones de alto perfil por parte de la Fiscalía General de la Nación, que los señalan de incurrir en tres delitos graves: concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
A pesar de las solicitudes de medidas menos estrictas por parte de las defensas, como la detención domiciliaria, la jueza Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, determinó que los dos exfuncionarios fueran enviados a prisión preventiva, citando el peligro para la comunidad y el riesgo de obstrucción a la justicia.
“Los delitos de cuello blanco a altos niveles de gobierno socavan la democracia y la confianza en las instituciones”, señaló la magistrada al justificar su decisión en la audiencia.
Así, Ricardo Bonilla fue arrestado el 18 de diciembre de 2025 al final de la audiencia, siendo trasladado primero al búnker de la Fiscalía y luego a una guarnición policial, donde permanece en prisión preventiva. Por su parte, Luis Fernando Velasco, que se encontraba en Cali, se entregó de manera voluntaria ante el Inpec y fue recluido en la Escuela de Carabineros de la ciudad.
Ambos exministros enfrentan la posibilidad de una larga estancia en prisión mientras se resuelven las apelaciones, que se retomaran en 2026, como previamente se mencionó.