El cierre de la negociación dejó un sabor amargo y un documento sobre la mesa. Sin consenso para fijar el aumento del salario mínimo de 2026, las centrales obreras y las confederaciones de pensionados optaron por dejar constancia formal de sus desacuerdos ante el Ministerio del Trabajo, en una comunicación dirigida al ministro Antonio Sanguino. El mensaje fue claro, no se trató solo de cifras, sino de visiones opuestas sobre cómo debe protegerse el ingreso de millones de hogares.
En el centro de la discusión estuvo, una vez más, el porcentaje de incremento. Mientras los gremios empresariales defendieron un ajuste cercano al 7%, sustentado en variables como la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y las metas del Banco de la República, los sindicatos mantuvieron una postura mucho más ambiciosa. CUT, CGT y CTC insistieron en un aumento del 16%, una cifra que, aseguraron, responde a la realidad cotidiana de las familias y no únicamente a los indicadores macroeconómicos.
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En las salvedades entregadas al Gobierno, las centrales obreras argumentan que su propuesta se apoya en el principio de salario mínimo vital y móvil, consagrado en la Constitución y respaldado por estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según esos análisis, el ingreso mínimo actual no alcanza para cubrir el costo real de la canasta básica de una familia promedio, lo que obliga —a juicio de los sindicatos— a pensar en un ajuste que supere el simple cálculo del IPC.
Con ese incremento del 16%, el salario mínimo mensual para 2026 se ubicaría en $1.650.680. Para las organizaciones sindicales, esta cifra no representa un desborde económico, sino un paso necesario para acercar el ingreso de los trabajadores a la cobertura efectiva de necesidades básicas como alimentación, vivienda, transporte y servicios públicos.
Más allá del monto, el documento también entra de lleno en el debate sobre los posibles efectos económicos de un aumento por encima de la inflación. Los sindicatos cuestionan los argumentos que advierten riesgos de mayor desempleo, informalidad o presiones inflacionarias. Recuerdan que en los últimos años el salario mínimo creció por encima del IPC sin que ello haya provocado desequilibrios macroeconómicos significativos, ni un deterioro evidente del mercado laboral.
Otro de los puntos que ponen sobre la mesa es la indexación de tarifas y precios al salario mínimo. Según señalan, este mecanismo —que ajusta automáticamente distintos cobros con base en el aumento salarial— termina neutralizando parte del beneficio para los trabajadores y golpeando el poder adquisitivo de los hogares, especialmente en servicios y trámites que no guardan una relación directa con el ingreso laboral.
Las confederaciones de pensionados CPC y CDP acompañaron buena parte del análisis sindical, pero marcaron una diferencia importante. En una salvedad específica, advirtieron que incrementos del salario mínimo muy por encima del IPC pueden tener efectos adversos sobre los pensionados que reciben mesadas superiores a un salario mínimo, las cuales solo se reajustan con inflación. Esa brecha, explican, puede traducirse en una pérdida progresiva de poder adquisitivo para un sector que ya enfrenta limitaciones económicas.
Por esa razón, los pensionados insisten en la necesidad de revisar el marco legal que regula el aumento anual de las pensiones, para evitar que las decisiones sobre el salario mínimo terminen profundizando desigualdades entre distintos grupos de ingresos fijos.
Con la mesa de concertación cerrada sin acuerdo, el escenario ahora apunta a una definición por decreto. Ante esa posibilidad, las organizaciones firmantes solicitaron que el Gobierno tenga en cuenta los argumentos expuestos en las salvedades. La decisión final, advirtieron, no será un simple trámite administrativo, marcará el rumbo de la política económica y social de 2026 y tendrá efectos directos en el bolsillo de trabajadores y pensionados en todo el país.