El Tribunal Superior de Bogotá decretó medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario para el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y para el exministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla, por su papel en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que involucró el direccionamiento de millonarios contratos y la desviación de recursos públicos, que fueron a parar a los bolsillos de algunos congresistas y contratistas.
La Sala Penal sustentó la decisión al considerar que el exministro del Interior constituye —a la luz de las pruebas aportadas por la Fiscalía y que superaron el umbral de inferencia razonable como determinadores de los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos— un peligro para la comunidad por la influencia política que mantiene, así como por el daño causado que no sólo se mediría en lo económico, sino en la afectación causada.
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Durante la audiencia, Velasco se mostró contrario a la medida tomada por la magistrada del tribunal, Aura Alexandra Rosero Baquero, argumentando que ni el Tribunal presentó argumentos claros para dicha decisión, y que ni siquiera la Fiscalia General de la Nación, como ente acusador, lo considera peligroso para el proceso. No obstante, acató el fallo.
“Coherente con lo solicitado por la doctora Rosalena Suárez. Adhiero al recurso y hoy, como hace 17 años, le solicito me señale ante quién debo presentarme, porque lo haré de inmediato (…) “Si usted me señala que es ante el Inpec, me presentaré de inmediato. No necesitan venir a mi hogar”, dijo Velasco durante la audiencia, haciendo referencia a la investigación que se adelantó en su contra en 2008, por el escándalo de la parapolítica del que fue absuelto luego de que varios de los testigos se retractaran.
“No se presenta un hecho objetivo que diga cómo puedo afectar el proceso. Máxime cuando a nosotros se nos ha venido indagando por más de 18 meses, y la propia Fiscalía que no hemos hecho absolutamente nada para afectar el proceso”, manifestó el exministro, añadiendo que a pesar de no estar de acuerdo con la decisión, “soy respetuoso del ordenamiento jurídico y seguiré mi batalla, porque soy inocente”.
Previo a la sentencia, y tal y como dio a conocer la Sala Penal, Velasco intentó evitar la medida de aseguramiento con el argumento de su condición de padre cabeza de hogar, además de ser el responsable de cuidar de su padre de avanzada edad. Pese a ello, la magistrada Rosero consideró que el exministro “no sustentó ni fundamentó su condición de jefe de hogar”.
En su intervención, Velasco cargó contra Olmedo López, actual testigo de la Fiscalía en el caso. “Ahora debemos creerle a Olmedo López, quien está denunciado por haberle robado a su propio socio, a Olmedo, quien llegó a la Ungrd a sacar adelante un esquema de saqueo de recursos”, manifestó.
Velasco también expuso dudas sobre el rol de la magistrada a cargo de su caso, afirmando que no siente tener garantías de un debido proceso por parte de esta. “Nosotros no nos apropiamos de un solo centavo (....) cada reunión que sostuvimos los exminstros fue considerada por usted magistrada como sospechosa”, enfatizó. “No me reuní con nadie de Invías (...) yo no hacía eso, señora fiscal, señora magistrada (....) No soy un peligro, soy un hombre dedicado a mi familia, que estoy retirando de la esfera política”, añadió.
De acuerdo con la Fiscalía, los exministros impartieron instrucciones para el direccionamiento de contratos y convenios por más de 612 mil millones de pesos de la Ungrd y el Invías. A cambio, se buscaría consolidar apoyos en el legislativo para apoyar las reformas pensional y de salud promovidas por el Gobierno, así como el respaldo en la votación a los proyectos de endeudamiento de la Nación que cursaban en la Comisión Interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público.
Para los investigadores, el entramado criminal operó entre mayo de 2023 y febrero de 2024, durante el tiempo en que Velasco y Bonilla se desempeñaron como ministros de despacho en el gobierno del presidente Gustavo Petro.